La Fiscalía General del Estado concluyó este domingo el anuncio formal de su prueba dentro del caso “Triple A” y solicitó al juez de la causa que disponga prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles A., y para Raúl Z., tras alegar el incumplimiento de medidas cautelares previamente dictadas durante la audiencia de formulación de cargos.

Esta solicitud se suma al pedido realizado el sábado por la Fiscalía para que el alcalde, junto con otras 15 personas naturales y seis empresas, sea llamado a juicio por su presunta participación en delitos relacionados con el manejo ilegal de combustibles subsidiados. En concreto, se los investiga por el presunto almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilícita de derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles.

El proceso, conocido como caso “Triple A”, reveló una compleja red de irregularidades en la cadena de comercialización de combustibles subsidiados. La fiscal del caso, perteneciente a la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, presentó más de 250 elementos de convicción, incluyendo contratos, informes periciales, registros financieros y documentos oficiales.

Las investigaciones detectaron inconsistencias graves entre los volúmenes de combustible despachados por Petroecuador y los registrados como comercializados por estaciones de servicio y distribuidoras. En algunos casos, se determinó que no existía la capacidad física necesaria para almacenar el volumen adquirido, lo que levantó sospechas de desvío hacia mercados no autorizados.

Entre las irregularidades denunciadas, se incluyen ventas no autorizadas de combustible subsidiado —dirigido al segmento automotriz— hacia sectores industriales y navieros, así como operaciones atípicas en estaciones ubicadas en zonas fronterizas y áreas con minería ilegal, donde se detectaron cargamentos de diésel y gasolina en vehículos sin capacidad operativa compatible.

El perjuicio económico al Estado, según los informes técnicos presentados, alcanzaría los USD 61’502.658,39, correspondientes a la venta irregular de más de 22 millones de galones de combustibles.

La Fiscalía ha señalado como responsables directos a los representantes legales de las empresas implicadas, quienes debían garantizar el uso adecuado del combustible subsidiado.

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#Nacionales | En el caso “Triple A”, la Fiscalía pidió que el alcalde de Guayaquil, Aquiles A., y otras 21 personas y empresas sean llamados a juicio por presuntas irregularidades en la comercialización de combustibles subsidiados, dentro del caso Triple A. #LéaloEnET:… pic.twitter.com/j8AnfnPGAM

— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) June 22, 2025