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Fiscalía pide pena máxima para Jorge G. y Carlos B. en el caso Reconstrucción de Manabí

Fiscalía pidió pena máxima y reparación contra Jorge G. y Carlos B.
Fiscalía pidió pena máxima y reparación contra Jorge G. y Carlos B.
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En el quinto día del juicio por el caso Reconstrucción de Manabí, el exvicepresidente Jorge G. compareció ante el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia y rindió su testimonio durante dos horas, asegurando que no tuvo manejo de fondos públicos y rechazando las acusaciones de peculado que enfrenta.

Yo no me he robado un centavo porque no he asignado un dólar ni lo he administrado”, afirmó el exmandatario, quien enfrenta un pedido de condena de 13 años de prisión por parte de la Fiscalía. Glas defendió su gestión al frente del Comité de Reconstrucción creado tras el terremoto del 16 de abril de 2016, señalando que su papel fue político y no administrativo.

Durante su intervención, que se desarrolló en la sede judicial ubicada en el norte de Quito, Glas explicó que su función fue priorizar proyectos estratégicos para la reactivación de Manabí y Esmeraldas, pero que nunca tuvo acceso a la contratación ni ejecución de obras. “Priorizar proyectos no es igual a contratarlos”, argumentó ante los magistrados.

El exvicepresidente también hizo referencias históricas y económicas para defender las decisiones del gobierno de Rafael Correa, comparándolas con políticas contracíclicas como el New Deal implementado por Franklin D. Roosevelt durante la Gran Depresión. “Se tomaron decisiones macroeconómicas para enfrentar una crisis sin precedentes. Pero yo no administré ni una sola botella de agua”, insistió.

Por su parte, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, reiteró el pedido de la pena máxima para Jorge G. y Carlos B., exsecretario del Comité de la Reconstrucción, acusándolos del delito de peculado y solicitando que ambos ofrezcan disculpas públicas.

Tanto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) como la Procuraduría General del Estado se allanaron a la acusación fiscal, y exigieron que se imponga la pena máxima y se ordene una reparación integral de 225 millones de dólares al Estado ecuatoriano, monto que correspondería al presunto perjuicio generado por las irregularidades.

Tras la exposición de alegatos de cierre de las partes procesales, el tribunal de la Corte Nacional anunció que su decisión será informada, de forma oral, el 30 de junio a las 09:00.

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