La Fiscalía General del Estado solicitó este sábado que el alcalde de Guayaquil, Aquiles A., junto a otras 15 personas naturales y seis empresas, sea llamado a juicio por su presunta participación en el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles.

El pedido se realizó al cierre del quinto día de audiencia preparatoria de juicio dentro del denominado caso “Triple A”, proceso que investiga una red de irregularidades en el manejo y comercialización de combustibles subsidiados.

La fiscal del caso, perteneciente a la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, presentó más de 250 elementos de convicción, entre contratos, informes periciales, registros financieros y documentos oficiales, que darían cuenta de graves inconsistencias entre el combustible despachado por Petroecuador y el volumen efectivamente comercializado por varias estaciones de servicio y empresas distribuidoras.

La investigación reveló que no existía capacidad física suficiente en algunas estaciones de servicio para almacenar el volumen de combustible adquirido, lo que generó sospechas sobre desvíos y comercialización ilegal.

Además, se habrían ejecutado transacciones no autorizadas, como la venta de combustible subsidiado destinado al segmento automotriz hacia sectores industrial y naviero, violando así la normativa vigente. También se detectaron irregularidades en estaciones ubicadas en zonas fronterizas y áreas con minería ilegal, donde se reportaron cargas inusuales de diésel y gasolina a vehículos sin capacidad operativa compatible con esos volúmenes.

De acuerdo con los informes técnicos presentados, el perjuicio económico causado al Estado ascendería a 61’502.658,39 dólares, correspondiente a la venta irregular de 22’777.191,80 galones de diésel y gasolina.

La Fiscalía ha determinado que estas irregularidades serían responsabilidad directa de los representantes legales de las empresas involucradas, quienes tenían la obligación de garantizar que el combustible subsidiado no fuera desviado hacia mercados no autorizados.

La audiencia continuará el domingo 22 de junio a las 09:00, cuando la Fiscalía presentará el anuncio formal de su prueba en contra de los procesados, incluido Aquiles A..

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) June 21, 2025