Audiencias fallidas, cambios de abogados y un juez enfermo. El caso Triple A, que involucra a 16 personas y seis empresas por presunta comercialización ilegal de combustible, lleva casi un año trabado. Entre los vinculados está Aquiles A., alcalde de Guayaquil.

La Fiscalía General del Estado arrancó la investigación tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en la cual se mostraban las presuntas irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles, es decir, existirían diferencias entre el volumen despachado y el facturado en varias estaciones de servicio. 

Inicialmente, cinco personas (Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T.) y cinco empresas (Fuelcorp, Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum e Indudiesel) fueron procesadas por este presunto delito. El COIP sanciona el almacenamiento, transporte o comercialización ilegal de combustibles. 

¿Cuál es la hipótesis de la Fiscalía? 

La Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción señaló que habría una relación entre las empresas investigadas y distribuidoras de combustible. Ambas habrían comercializado combustible, en especial, diésel. Ahí fue donde se detectaron las primeras irregularidades.

De hecho, las estaciones de despacho se encuentran en zonas fronterizas y mineras, por lo que Fiscalía presume que el combustible habría sido desviado hacia otros fines. 

La entidad además pone como ejemplo a una de las estaciones de venta de combustible que habría adquirido más de siete millones de galones. Sin embargo, su capacidad de almacenamiento es de cerca de 10.000 galones. Los datos fueron emitidos por el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Cronología del caso Triple A

23 de julio de 2024 

La Fiscalía y la Policía allanaron oficinas de empresas en Milagro y Guayaquil. 

14 de octubre de 2024 

Por primera vez no se instala la audiencia de formulación de cargo por el cambio de abogados defensores de los vinculados. 

6 de noviembre de 2024

Por segunda ocasión no se instala la audiencia por problemas de salud del juez asignado. 

14 de noviembre de 2024

Por tercera ocasión no se instala la audiencia por cambio de hora de la defensa. 

1 de diciembre de 2024 

Se declara fallida la audiencia de formulación de cargos. 

14 de diciembre de 2024

Se instala la audiencia de formulación de cargos en contra de las cinco personas y cinco empresas. 

16 de diciembre de 2024

El juez dispone la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas de Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T.

19 de febrero de 2025 

Nuevo operativo en cinco estaciones de combustible por parte de la Fiscalía, en El Pangui (ZamoraChinchipe), Cariamanga (Loja), Machala, Santa Rosa y Pasaje (ElOro).

27 de febrero 

La Fiscalía rechazó lo dicho por el alcalde de Guayaquil en relación al caso Triple A. Aquiles A. mencionó que: “(...) el Fiscal, al que se lo va a perseguir legalmente (...) debería pensarlo cien veces (...)”. En ese marco, la institución sostuvo que lo manifestado “es un intento de intimidación contra el agente fiscal” que cumplía con sus labores dentro de la investigación. 

5 de marzo

Por cuarta ocasión no se instala la audiencia de vinculación a la instrucción fiscal debido a la inasistencia de la defensa de Aquiles A. 

9 de abril 

Se instala la audiencia de vinculación de 11 personas  a la instrucción fiscal y el juez multó a dos abogados por inasistencia y designó defensores públicos. 

10 de abril 

Vinculación de 11 ciudadanos -incluido el alcalde de Guayaquil- y una empresa más a la instrucción fiscal. En total 16 personas y seis empresas investigadas por el presunto delito. 

27 de mayo 

El Juez suspendió la audiencia preparatoria de juicio para incorporar información reciente y que pueda ser revisada por las partes. 

Correa vs. Aquiles: el abogado que encendió la pugna

La designación de Ramiro García como abogado defensor de Aquiles A. desató una tormenta política. El alcalde de Guayaquil, vinculado en el caso Triple A por presunta comercialización ilegal de combustibles, optó por el expresidente del Colegio de Abogados como su representante legal. Sin embargo, su decisión generó una reacción inmediata dentro del movimiento que lo llevó al poder: la Revolución Ciudadana.

Rafael Correa, líder del correísmo, fue el primero en atacar. “Ramiro García, dando clases de moral y ética profesional, es realmente vomitivo”, escribió en su cuenta de X. Acompañó el mensaje con una fotografía del abogado en un aparente estado de embriaguez.

La respuesta de Aquiles A. no se hizo esperar. Desde la misma red social, defendió su elección: “Estoy en mi legítimo derecho de contratar a quien me parezca. Lo doloroso es ver cómo se prefiere atacar públicamente al abogado que me defiende, en lugar de criticar en silencio y esperar que se resuelva mi caso, así no se esté de acuerdo con mi decisión”.

El alcalde también calificó como “una falta de respeto” los comentarios emitidos por el exmandatario.

¿Cómo será el proceso de audiencia de Aquiles A.?

El 9 de abril se desarrolló la audiencia de vinculación del caso Triple A. Durante la sesión, el fiscal Carlos Alarcón pidió prisión preventiva para Aquiles A. Sin embargo, el burgomaestre rechazó la solicitud y dijo que su presencia demuestra que no pretende evadir la justicia. 

En ese marco, el juez solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva, por lo que los vinculados debían portar dispositivos eléctricos (grilletes). Además, la presentación periódica ante la justicia y la imposibilidad de salir del país. 

Gabriel Ponce, abogado penalista, explicó que actualmente se espera la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio donde se podría solicitar algún cambio en la medida cautelar, es decir, de alternativas a la prisión preventiva. 

Sin embargo no lo ve procedente. “Estamos hablando de un funcionario público y alcalde de una de las ciudades más grandes del país, por lo que no habría riesgo de fuga”, detalló. 

Dentro de la audiencia -explica Ponce- se tratarán cuestiones relacionadas con la validez del proceso, es decir, si existen causales que afectan la legalidad del proceso que podrían llevar a una nulidad del mismo.

La Fiscalía también debe justificar las razones por las cuales considera que existe un delito y establecer los elementos de convicción que serán utilizados como prueba en el juicio. Se espera que la audiencia sea mañana, 13 de junio de 2025.

¿Puede perder el cargo? 

Ponce señala que, en derecho, se mantiene el principio de inocencia hasta agotar todos los recursos. “Aún cuando pueda tener una sentencia condenatoria, puede haber una apelación (...) y hasta que se termine el proceso -es decir, hasta que tenga una sentencia ejecutoriada- seguirá siendo alcalde”.  

Si se agotan todos los recursos, el Concejo Municipal podría solicitar el reemplazo del alcalde porque habría ausencia definitiva del cargo, ya que se activaría la prisión por el cometimiento de un delito. 

Así se sanciona la comercialización ilegal de combustibles 

En el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se condena el almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de combustible o su desvío a un segmento distinto. La sanción es de prisión según las siguientes condiciones: 

• Mínima escala, de dos a seis meses.
• Mediana escala, de seis meses a un año.
• Alta escala, de uno a tres años.
• Gran escala, de tres a cinco años.

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