Acuerdo de Escazú sobre temas ambientales entrará en vigor el próximo abril
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, alcanzó el viernes 22 de enero, el número de ratificaciones necesarias para su entrada en vigencia, hecho que se producirá el próximo 22 de abril.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de la región y el primero del mundo que incluye disposiciones que protegen a las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.
El 21 de mayo de 2020, Ecuador se convirtió en el noveno país en ratificar dicho tratado, fortaleciendo de esta manera el reconocimiento constitucional del derecho de la ciudadanía a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad, así como el derecho de todas las personas, en forma individual o colectiva, a buscar, recibir o difundir información veraz y oportuna de los acontecimientos y procesos de interés general.
Durante la última reunión de Estados signatarios del Acuerdo de Escazú, llevada a cabo en diciembre de 2020, los Estados parte resaltaron cómo la pandemia ha puesto aún más en evidencia la vinculación entre la degradación ambiental y la desigualdad económica y social, frente a lo cual es fundamental alcanzar pactos sociopolíticos entre todos los actores de la sociedad, a favor de la democracia, la igualdad y la sostenibilidad.
Ecuador cuenta con importantes herramientas alineadas con los objetivos del Acuerdo de Escazú, tales como el Contacto Ciudadano; el Sistema Único de Información Ambiental; el Portal Único de Información Ambiental e Hídrica; los procesos de participación ciudadana en la elaboración de la Contribución Nacional Determinada (NDC) sobre Cambio Climático; y las Mesas de Trabajo para proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+).
Por su parte, el Código Orgánico del Ambiente, aprobado en 2018, tiene una disposición expresa sobre el acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental.
Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Nacional, con el apoyo y participación de la sociedad civil, la academia y la cooperación internacional, está llevando a cabo un proceso de “Análisis de Congruencia Normativa, de Políticas Públicas e Institucional del Acuerdo Regional de Escazú”, con el objetivo de identificar las reformas necesarias a nivel de normativa secundaria y políticas públicas e institucionales que faciliten la plena implementación del Acuerdo de Escazú, a fin de contribuir de manera más amplia a la transparencia, la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos, la gobernabilidad y la democracia ambiental.
Ecuador se congratula con aquellos países de América Latina y el Caribe que ya son parte de este histórico Acuerdo e insta a los demás a unirse a fin de avanzar colectivamente en la implementación efectiva de los derechos de acceso, participación pública y justicia ambiental con una visión centrada en los derechos humanos. (I)
