El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dejó sin efecto la sentencia de primera instancia contra el prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret, tras determinar que las pruebas usadas en su contra fueron obtenidas de manera inconstitucional, lo que obligó a archivar la denuncia.

Antecedentes del caso

La investigación surgió tras una denuncia presentada por Juan Esteban Guarderas, quien afirmaba que Lloret habría utilizado su posición como autoridad provincial para favorecer a la entonces candidata presidencial Luisa González durante la campaña de 2023, difundidas a través de Facebook.

En primera instancia, el juez Ángel Torres consideró que esta evidencia era suficiente para imponer una multa de USD 4 700 al prefecto. Sin embargo, al revisar la apelación, los jueces del TCE determinaron que las publicaciones señaladas no podían ser tomadas en cuenta, al no respetar el debido proceso acorde a lo estipulado en la Constitución.

El tribunal recordó que la normativa ecuatoriana prohíbe expresamente valorar pruebas obtenidas de manera irregular o sin observancia de los requisitos legales, por lo que su uso afecta directamente la validez del procedimiento. Bajo este criterio, la sanción quedó sin fundamento jurídico.

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) November 20, 2025