El juez subrogante del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Richard González, admitió a trámite la denuncia presentada por Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), en contra de Luisa González, representante legal del Movimiento Revolución Ciudadana (RC), lista 5, por una presunta infracción electoral vinculada al manejo de las cuentas de campaña de las “Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023”.

De acuerdo con el auto de admisión, la causa no solo alcanza a González, sino también a Maryuri Zambrano, responsable del manejo económico de la dignidad de asambleístas nacionales de la RC; a Francisco Hidalgo, jefe de campaña, y a los candidatos principales y suplentes a la Asamblea Nacional por la lista nacional: Pierina Correa, José Agualsaca, Paola Cabezas, Ricardo Ulcuango, Liliana Durán, Eustaquio Tuala, Rosa Arotingo, Hoover Delgado, Gladys Rueda, Jaime Marquínez, Nicole Ramos, Gabriel Cruz, Diana Sanmartín y Daniel Montaño.

La presunta infracción está tipificada en el artículo 281, numeral 1, del Código de la Democracia, que se refiere a las infracciones relativas al financiamiento de la política y al gasto electoral, específicamente al incumplimiento en la presentación de informes de cuentas de campaña. Esta norma establece que los responsables económicos y las organizaciones políticas, a través de sus representantes, que no entreguen la información completa sobre aportes recibidos, su origen, el listado de contribuyentes y los respaldos de ingresos y egresos, pueden ser sancionados con multas de 20 a 70 salarios básicos unificados y la suspensión de los derechos políticos de 2 a 4 años, además de la posible cancelación de la inscripción de la organización política.

El artículo también dispone que los candidatos responderán solidariamente de manera pecuniaria, de acuerdo con el nivel de responsabilidad que se determine en el incumplimiento, lo que abre la puerta a sanciones económicas directas para quienes encabezaron o integraron la lista nacional de la RC en las elecciones anticipadas de 2023.

La denuncia del CNE contra la Revolución Ciudadana forma parte de un proceso más amplio de revisión de cuentas de campaña, en el que la autoridad electoral ha anunciado acciones similares contra otras organizaciones por informes incompletos o inconsistentes, tanto en la elección anticipada de 2023 como en otros procesos recientes. En el caso específico de la RC, la queja se centra en supuestas omisiones e irregularidades en la rendición de cuentas del binomio presidencial y de la lista nacional de asambleístas.

Tras la admisión a trámite, el expediente continuará con la etapa de traslado a los denunciados, presentación de pruebas y eventual audiencia pública, en la que el TCE deberá determinar si existió o no infracción electoral y, de ser el caso, qué sanciones corresponderían a Luisa González, a los responsables económicos y a los candidatos señalados en la denuncia.

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) November 29, 2025