La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, abordó varios temas clave de la agenda nacional durante una entrevista concedida este 12 de enero de 2026 en Riobamba. Seguridad, grupos criminales, justicia y acuerdos políticos marcaron el diálogo, en el que la funcionaria ratificó la postura del Ejecutivo frente a la corrupción, el crimen organizado y la necesidad de mantener medidas extraordinarias para enfrentar la violencia.

En el ámbito político, Morillo destacó la mayoría de ADN en la Asamblea Nacional y aseguró que el Gobierno está abierto al diálogo con los legisladores que deseen sumarse a su proyecto. No obstante, fue enfática en señalar que existen límites claros. “Todos los asambleístas que quieran estar con nosotros son bienvenidos; sin embargo, tenemos una línea roja para los acuerdos: corrupción e impunidad. Con ellos no vamos a transar”, afirmó.

En materia de seguridad, la ministra sostuvo que Ecuador ya no enfrenta una delincuencia común, sino al crimen transnacional organizado. Señaló que gran parte de la violencia actual responde a disputas entre bandas criminales. Según indicó, más del 85% de los enfrentamientos registrados en el país se producen entre organizaciones delictivas, lo que evidencia la magnitud del problema.

Morillo destacó que el Estado ha destinado importantes recursos para fortalecer a las fuerzas del orden. Detalló que más de USD 2.000 millones han sido asignados a las Fuerzas Armadas y más de USD 2.200 millones a la Policía Nacional, principalmente para equipamiento y capacitación. Añadió que Ecuador cuenta con el respaldo de países aliados para enfrentar al crimen organizado.

“Tratan de amedrentarnos, pero tienen a un gobierno decidido y a un presidente valiente”, sostuvo la ministra, al referirse a las amenazas y presiones de las organizaciones criminales. En ese contexto, defendió la aplicación de estados de excepción como una herramienta necesaria para intervenir en las provincias más afectadas por la violencia.

La funcionaria también hizo un repaso histórico del incremento de la violencia en el país y recordó que esta se intensificó a partir de 2009, cuando durante el gobierno de la Revolución Ciudadana se expulsó a la base militar de Manta. Según Morillo, desde entonces se inició una escalada de inseguridad que hoy enfrenta el Estado con el trabajo de equipos tácticos y de inteligencia.

En cuanto a la capacidad financiera de las organizaciones criminales, la ministra advirtió que el crimen organizado maneja presupuestos incluso superiores a los recursos de algunas instituciones del Estado. “Sin embargo, no nos detenemos. Los resultados se verán en este año”, aseguró.

Finalmente, se refirió a los procesos de depuración en las instituciones de seguridad y en el sistema carcelario. Indicó que los mandos militares y policiales están ejecutando estas acciones, aunque recalcó que no se debe generalizar ni estigmatizar a todo el personal. Asimismo, lanzó duras críticas al sistema judicial y señaló que existen jueces que se alían para beneficiar a criminales, lo que, a su criterio, debilita la lucha contra el crimen organizado.

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