Ecuador / Domingo, 11 Enero 2026

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Ministra Manzano: fallo de la Corte Constitucional no es retroactivo y proyectos eléctricos seguirán adelante

Gobierno asegura que sentencia de la Corte Constitucional no frena inversiones eléctricas y anuncia reformas
Foto: Internet
“La energía eléctrica es prioridad”, sostuvo Inés Manzano al señalar que la gestión para incrementar energía en firme y energía no convencional no se detendrá, en medio de la discusión abierta por la decisión de la Corte Constitucional.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, afirmó que la resolución de la Corte Constitucional (CC) sobre el sector eléctrico “no es retroactiva” y que el Gobierno trabajará para hacer viables los proyectos que están en proceso de aprobación, bajo los criterios planteados por la Corte. La funcionaria sostuvo que la prioridad del Ejecutivo es garantizar el servicio eléctrico y que la gestión para sumar energía en firme y energías no convencionales —como solar, eólica e hidroeléctricas pequeñas— “no se detiene”.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Ambiente y Energía ratificó su compromiso con la seguridad energética, la prestación continua y de calidad del servicio público de electricidad y un entorno de inversión “transparente, estable y competitivo”. En ese documento, la Cartera de Estado señaló que la sentencia 112-21-IN/25 de la CC no impide el desarrollo de proyectos y que sus efectos se proyectan hacia el futuro, sin afectar las delegaciones realizadas previamente.

El Ministerio indicó además a concesionarios y titulares de permisos vigentes que sus contratos mantienen validez y pueden seguir ejecutándose conforme a las condiciones establecidas, bajo acompañamiento y control permanente del Estado, para asegurar obligaciones, continuidad del servicio y protección de inversiones. También destacó que el fallo reafirma el rol de los autogeneradores dentro del sistema, cuyos excedentes —cuando existan— se integran de manera regulada y supervisada.

Como medidas inmediatas, la entidad anunció que impulsará una reforma legal para definir de forma técnica, clara, precisa y verificable las condiciones de una delegación excepcional, con el objetivo de dar certeza y seguridad jurídica a proyectos futuros y fortalecer el control público. En paralelo, adelantó una reforma estructural del marco normativo y regulatorio del sector, orientada a mejorar planificación, transparencia, calidad del servicio, inversión responsable y transición energética.

El mensaje oficial cerró con una meta concreta: más energía confiable para los ciudadanos, reglas más claras para los proyectos y más confianza para la inversión que el país necesita.

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