A falta de dos días para que se posesione a los nuevos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), el juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Ángel Lindao Vera, aceptó una acción de protección de protección presentada por el ciudadano, Manuel Párraga Quiroz, y dejó sin efecto la resolución de la Asamblea Nacional que destituyó a cuatro consejeros del Cpccs.

El fallo indica que se toma esta decisión por “haberse inobservado e irrespetado el estado constitucional de derechos y justicia poniendo en grave riesgo los derechos constitucionales de los consejeros: Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y Hernán Ulloa”

En ese sentido añade que, además, se encontraron méritos suficientes conforme a la solicitud y pruebas solicitadas y practicadas en el juicio político interpuesto por los asambleístas Ángel Maita y Mireya Pazmiño.

Esto ya fue notificado este 22 de noviembre de 2022 al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela y al procurador del Estado, Juan Carlos Larrea, donde el juez dispone la suspensión de los efectos de la resolución legislativa emitida por el pleno de la Asamblea, el 18 de noviembre de 2022.

Con esto, el juez deja sin efecto cualquier otro trámite que conlleve la ejecución de la referida resolución legislativa hasta que le hagan llegar toda la documentación pertinente con respecto al juicio político que incluye el informe remitido por la Comisión de Fiscalización y Control Político, la convocatoria a la sesión 813, la cinta magnetofónica en formato digital que registra parte de la sesión del 23 de septiembre de 2021 en la comisión de Fiscalización.