En el Día de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, Tena salió a las calles para exigir justicia por Alison Altamirano, una joven universitaria de 23 años, víctima de femicidio en Cevallos, Tungurahua. Su cuerpo fue hallado la madrugada del domingo, 23 de noviembre. Los autores del crimen serían sus “amigos”.

Estos son datos que no sabías sobre el caso.

1. La denuncia surgió de la madre de uno de los detenidos

Aunque los implicados intentaron ocultar el cuerpo de Alison debajo de un colchón y manipular la escena, la alerta que permitió intervenir a la Policía no vino de vecinos ni testigos, sino de la madre de uno de los cuatro procesados. Su hijo le confesó haber “hecho algo malo” y fue ella quien llamó al ECU 911, dando el primer aviso que activó el operativo policial.

2. Alison fue presionada para acudir al lugar

Según la investigación fiscal, Johan Santiago V. M., uno de los procesados, insistió para que la joven asistiera a la reunión y hasta gestionó su traslado en taxi hacia la casa ubicada en el barrio Ferroviario. Esto ocurrió la madrugada del 23 de noviembre de 2025.

3. La escena del crimen reveló consumo de alcohol y drogas

En el sitio se hallaron botellas de licor, restos asociados a consumo de cocaína y éxtasis, además de un mazo de madera, un arma blanca y prendas con máculas de sangre. La Fiscalía sostiene que tras quedar dormida, los hombres habrían intentado agredir sexualmente a Alison y luego la asfixiaron.

4. Los implicados estaban en el lugar cuando llegó la Policía

Los agentes de la Dinased Tungurahua encontraron a Ronald Alexander G. P. durmiendo en el interior del domicilio. Debajo del colchón donde descansaba, estaba el cuerpo sin vida de Alison Altamirano. Este hallazgo se convirtió en una evidencia clave dentro del proceso.

5. El caso avanza bajo el artículo 141 del COIP

La jueza a cargo dictó prisión preventiva para Johan Santiago V. M., Steven Leodán D. P., Anderson Alfredo V. M. y Ronald Alexander G. P. La Fiscalía formuló cargos por femicidio y abrió una instrucción fiscal de 30 días, en cumplimiento del Protocolo Nacional para Investigar Femicidios y otras muertes violentas de mujeres y niñas.

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