Durante 2025, el Gobierno Nacional, a través de la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), realizó 683 inspecciones técnicas a escala nacional para verificar la calidad del agua y prevenir riesgos a la salud pública.

Como resultado de estos operativos, se impusieron 22 sanciones administrativas en ocho provincias —Azuay, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, Napo, Santa Elena y Zamora Chinchipe— por un monto total de USD 885.952, debido a incumplimientos relacionados con descargas de aguas residuales y afectaciones a ríos, acuíferos y otros cuerpos de agua de uso público.

Los controles forman parte del rol del Estado de regular y fiscalizar los servicios de agua potable y saneamiento, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de tratamiento y evitar descargas sin procesar que pongan en riesgo a las comunidades y a los ecosistemas.

Entre enero de 2025 y enero de 2026, se detectaron descargas fuera de norma, como el caso registrado en Cuenca, donde se verificaron vertidos de aguas residuales sin tratamiento hacia un río, lo que evidenció la necesidad de mantener una vigilancia técnica permanente.

La directora ejecutiva de la ARCA, Daniela Limongi, señaló que “el control del agua es permanente y preventivo” y anunció el fortalecimiento de inspecciones, monitoreo continuo y pruebas técnicas con laboratorios certificados para anticipar riesgos y proteger la salud pública.

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) February 5, 2026