La Contraloría General del Estado (CGE) informó que estableció indicios de responsabilidad penal y sugirió responsabilidades administrativas y civiles por USD 195.000 en la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca (ETAPA EP), tras detectar irregularidades en la gestión del talento humano.

El organismo de control detalló que el 19 de diciembre de 2025 aprobó el informe general de auditoría No. DPA-0066-2025, correspondiente a un examen especial que revisó, entre otros puntos, planificación, clasificación y valoración de cargos, reclutamiento, selección y contratación de personal, evaluación del desempeño y pago de remuneraciones, en el período comprendido entre el 1 de junio de 2022 y el 30 de junio de 2025.

Entre los hallazgos, la CGE señaló que, al dar seguimiento a seis recomendaciones de un informe previo, identificó que dos no se cumplieron y que ETAPA EP no recuperó valores pagados en exceso por concepto de décimo tercer sueldo (años 2018, 2019, 2020 y 2021), manteniéndose un saldo pendiente de USD 245.501,84.

Asimismo, la auditoría observó que la creación del cargo “Coordinador de Infraestructura y Proyectos Corporativos” (junio de 2023) se realizó sin sustento técnico y sin considerar la normativa interna, lo que —según Contraloría— dejó expuesta a la empresa a posibles acciones judiciales. En ese contexto, se reportó que la designación de un servidor en ese cargo incurrió en inhabilidad por parentesco (primer grado de afinidad) con un concejal urbano de Cuenca, y que, por ello, se canceló al servidor USD 107.031,23 entre el 3 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2025, sin que el valor se haya reintegrado.

El informe también menciona falta de acciones de cobro, pagos en exceso y ausencia de un registro contable, además de incumplimientos relacionados con declaraciones patrimoniales: cinco servidores las presentaron de forma extemporánea y 24 no las presentaron, pese a disposiciones emitidas por la CGE.

Otra observación se relaciona con la falta de procesos formales de reclutamiento y selección, por ausencia de supervisión y control, así como con la actualización de descriptivos y perfiles de cargo sin sustento técnico. Además, se indicó que no se implementaron procedimientos administrativos para determinar, compensar y recuperar valores por jornadas laborales suspendidas, manteniéndose montos pendientes de cobro a servidores desvinculados por USD 26.906,00.

Con base en estos hallazgos, la Contraloría señaló que se establecieron indicios de responsabilidad penal y se sugieren responsabilidades administrativas por USD 88.000,00 y civiles por USD 107.031,23.

ETAPA EP se pronunció tras los señalamientos

La Empresa Pública Municipal ETAPA EP difundió un comunicado en el que niega que, del documento, se desprenda una determinación de responsabilidades civiles o penales contra la empresa o sus autoridades.

En su comunicado, ETAPA EP expone cinco aclaraciones principales:

• Señala que el informe es de carácter administrativo y que uno de sus objetivos es verificar el cumplimiento de recomendaciones de informes anteriores; además, ubica observaciones sobre pagos en exceso del décimo tercer sueldo en un informe previo (DPA-0031-2021, de 20 de abril de 2021) y afirma que los expedientes fueron remitidos a la Contraloría para el cobro por la vía coactiva, según corresponda.
• Indica que los pagos durante jornadas laborales suspendidas estarían vinculados a hechos de 2020, durante la emergencia sanitaria por COVID-19, y bajo una administración anterior.
• Sobre el valor de USD 195.000, sostiene que corresponde a remuneraciones pagadas por trabajos efectivamente ejecutados y que, a su criterio, exigir reintegros sería contrario a principios constitucionales; por ello, anuncia que acudirá a instancias judiciales competentes.
• Afirma que del texto íntegro del informe no se desprende la determinación de responsabilidades civiles o penales ni la disposición de remitir antecedentes a la Fiscalía, por lo que considera que otras afirmaciones “no constan” en el documento oficial.
• Recalca que la determinación de responsabilidades no se presume ni se anticipa y pide a ciudadanía y medios leer el informe en su real alcance para evitar interpretaciones erróneas.

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) December 27, 2025