La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana aprobó, con seis votos a favor, el informe de fiscalización a los contratos suscritos por la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) con las compañías Progen Industries LLC y Austral Technical Management S. A. S. (ATM), en el marco de los procesos emergentes para generación eléctrica en Salitral, Quevedo y Esmeraldas.

Tras la votación, la presidenta de la mesa legislativa, Diana Jácome, sostuvo que el interés nacional debe prevalecer sobre presiones políticas y económicas, y pidió que se determinen responsabilidades. “Que caiga quien caiga; todo el peso de la ley para los responsables”, manifestó, al insistir en que las instituciones competentes den seguimiento y actúen conforme a derecho.

Jácome recordó que la comisión convocó a los responsables directos de la suscripción de los contratos y de la autorización de pagos con recursos públicos. También afirmó que, a diferencia de periodos anteriores, el Gobierno Nacional solicitó una auditoría a la Contraloría General del Estado, dio por terminados los contratos, ejecutó garantías y llevó el caso de Progen a instancias de justicia internacional. Añadió que se presentó una denuncia ante la Fiscalía por el presunto delito de delincuencia organizada, señalando que “no hubo silencio ni encubrimiento, sino decisión política”.

El informe aprobado incorpora documentación de la Contraloría relacionada con los proyectos adjudicados a Progen en Salitral y Quevedo, así como el informe DNA4-0031-2025, que evaluó las fases precontractual, contractual, de ejecución y de pagos de los contratos emergentes TPI-CON-0062-24 y TPI-CON-0067-24.

En el caso del proyecto de generación térmica terrestre en Esmeraldas, ejecutado con ATM, se citó el informe DNA4-0027-2025, que revisó las fases precontractual, contractual, de ejecución y pagos del contrato emergente CELEC EP-EGU Esmeraldas-002, además de las subcontrataciones relacionadas.

Con base en esos insumos, la Comisión concluyó que las actuaciones realizadas en los procesos emergentes para la generación eléctrica en Salitral, Quevedo y Esmeraldas fueron objeto de examen especial y se mantienen en sede de la Contraloría, entidad que determinó responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal. Asimismo, señaló que los hechos están bajo investigación de la Fiscalía General del Estado, que deberá reunir elementos de convicción para el impulso de la acción penal, de corresponder.

Recomendaciones

En el apartado de recomendaciones, la Comisión planteó remitir el informe a los organismos de control pertinentes para que, dentro de sus competencias, adopten las acciones legales correspondientes. Además, exhortó a las instancias de investigación penal y a los órganos de control de responsabilidades administrativas y civiles culposas a continuar las investigaciones, identificar presuntos responsables —públicos y privados— y ejecutar acciones para garantizar sanciones y la reparación al Estado.

Durante el debate intervinieron los legisladores Jorge Chamba, Blasco Luna, Jorge Guevara, Guido Mendoza, Germania Romero, Otto Vera y la propia Diana Jácome. Al cierre, la presidenta de la comisión informó que el informe aprobado, junto con el documento de minoría, será remitido al presidente de la Asamblea Nacional, conforme al último inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) December 20, 2025