Después de meses de negociación, el Gobierno cerró uno de los acuerdos económicos más grandes del año: la renovación de los contratos con las operadoras privadas de telefonía móvil Conecel (Claro) y Otecel, ahora Millicom, (Movistar). El contrato dejará USD 1.550 millones para el Estado y compromisos concretos de inversión en infraestructura tecnológica. 

¿Qué se acordó con las operadoras?

Los contratos renovados permiten que las empresas continúen prestando el servicio de telefonía móvil avanzada (actuales redes 4G y futuras 5G), pero ahora bajo nuevas condiciones económicas y técnicas.

Los principales compromisos pactados son:

• USD 1.550 millones para el Estado durante el periodo de concesión.
• Despliegue de 5G mediante asignación de nuevas bandas de frecuencia.
• 400 escuelas conectadas a internet antes de 2028.
• Más de 600 sitios nuevos con tecnología 4G o superior, especialmente en zonas rurales y ejes viales.
• Tarifas reguladas a la baja, con techos máximos para evitar sobreprecios.
• Mejor calidad del servicio en llamadas, datos y cobertura.

¿Por qué es importante?

Ecuador se convierte en uno de los últimos países de la región en firmar contratos para el despliegue formal de la tecnología 5G, clave para industrias, telemedicina, educación virtual y ciudades inteligentes.

El acuerdo pone fin a casi una década de vencimientos prorrogados, incertidumbre regulatoria y falta de inversión masiva en redes móviles.

Impacto territorial: conectividad más allá de las ciudades

Una de las cláusulas más relevantes obliga a las operadoras a invertir en sectores tradicionalmente olvidados:

• Comunidades rurales de Amazonía, Sierra y Costa.
• Parroquias sin acceso a internet.
• Vías interprovinciales donde no existe señal o esta es inestable.

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