Agresiones a periodistas y obstrucción al trabajo de los comunicadores son algunas de las alertas que registró el Consejo de Comunicación del Ecuador, con respecto a restricciones ocurridas durante el paro nacional. 

En el contexto de las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y que produjeron afectaciones a la movilización y producción en provincias como Imbabura, Pichincha y Carchi, la institución registró 41 expedientes sobre incidentes que vulneran los protocolos establecidos en la Constitución y las leyes ecuatorianas al trabajo de los periodistas.

Entre estas se incluye obstrucciones efectuadas por manifestantes, autoridades civiles, institucionales y judiciales registradas entre el 12 de septiembre y el 21 de octubre de 2025. 

El Consejo de Comunicación realiza acompañamientos a periodistas y trabajadores de la comunicación que han resultado vulnerados y establece coordinaciones con otras entidades públicas como la Defensoría Pública, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía, para los respectivos protocolos. 

César Martín, presidente del Consejo de Comunicación, detalló las acciones que emprende la cartera de Estado para velar por el derecho a la libertad de expresión y la protección integral a los trabajadores de la comunicación. 

¿Cuál es la evaluación que realiza el Consejo de Comunicación con respecto a la libertad de expresión tras los hechos suscitados en el paro?

Nosotros, como institución del Estado con competencia de acuerdo a la Ley Orgánica de Comunicación para velar la libertad de expresión, hemos seguido los hechos ocurridos en el contexto paralizaciones. Se detectaron durante este tiempo 41 alertas de posibles obstrucciones al trabajo periodístico. Estas alertas van desde diferentes índoles, como por ejemplo temas de obstrucción policial, institucional, mediante la justicia. El primer paso siempre es contactarse con el comunicador que ha sido afectado y ponerle a consideración las ayudas y el acompañamiento que hace el Consejo de Comunicación. 

¿Cómo se han realizado estos seguimientos?

En caso de obstrucción de la justicia, el Consejo puede hacer acompañamiento a través de la Defensoría Pública, con el tema de asesoría legal. Si hay un tema de seguridad o protección, se coordina con Ministerio de Interior. Si hay ya un tema de un daño psicológico o físico, se coordina con las respectivas unidades, en este caso Ministerio de Gobierno, a través de lo que antes era el Ministerio de la Mujer. Nosotros tenemos un protocolo abierto para reaccionar ante cada una de estas posibles tentativas, afecciones y hacemos un acompañamiento al comunicador, en caso de que este lo requiera. 

¿De que tratan las alertas que se registraron en el contexto de las manifestaciones?

Tuvimos 41 alertas comprendidas en el período del 12 de septiembre al 21 de octubre de 2025. 21 correspondieron a agresiones físicas y obstrucción al trabajo periodístico tentativamente por la Fuerza Pública, 16 agresiones físicas y obstrucción al trabajo periodístico por ciudadanía o desconocidos, y cuatro obstrucciones al trabajo periodístico a través de la justicia de diversas instituciones. 

Algunos periodistas han señalado que habrían sido impedidos de hacer su trabajo por la Fuerza Pública o fueron confundidos con manifestantes. ¿Cómo actúa el Consejo de Comunicación cuando se tratarían de agresiones producidas por policías o militares?

Nosotros tenemos una competencia acompañante. No tenemos capacidad ni regulatoria ni sancionatoria. Es decir, lo que tenemos que hacer y lo que hacemos nosotros es estar presentes y velar porque el debido proceso se cumpla de parte y parte, porque recordemos que los trabajadores de la comunicación tienen derechos muy importantes, pero también tienen obligaciones que deben cumplir. Nosotros trabajamos articuladamente con la Policía Nacional, por el lado de la prevención. De hecho, en el Mecanismo de Prevención y Protección al Trabajo Periodístico hay un representante del Ministerio de Interior colaborando con nosotros y se han establecido protocolos y reuniones previas con los trabajadores de la comunicación, con los policías, para precisamente tener acciones que prevengan y eviten este tipo de situaciones. También hacemos seguimientos en caso que los periodistas hayan presentado quejas o denuncias hacia la Policía Nacional. Nuestro rol es garantizar que los reclamos lleguen a un debido proceso, no juzgamos ni tomamos partido. 

¿Qué resolvió el Consejo con respecto a la suspensión -en el contexto de las paralizaciones- de tres medios comunitarios de Imbabura y uno de Pichincha dispuesto por la Arcotel? 

Hoy por hoy la regulación no es parte de las competencias del Consejo, sin embargo, sí tenemos competencia en lo que es evaluación de contenidos y monitoreo de señales. Se iniciaron algunos procesos administrativos y sancionadores para algunas radios, en únicamente un caso de ellos, el Arcotel solicitó nuestro informe comunicacional. Actualmente están solicitando un otro informe para un segundo caso. 

Las razones o las motivaciones que impulsa el Arcotel son por temas de seguridad nacional, con carácter reservado, así que nosotros tenemos que mantener esa línea cuando hacemos el informe  y así lo hemos hecho. La Arcotel es la institución que tiene competencia sobre el espectro radioeléctrico y títulos habilitantes a las radios y es el que en base a los insumos que recibe, toma las decisiones administrativas que considera pertinente. Nosotros podemos garantizar de nuestro lado que los informes comunicacionales son hechos con la mayor objetividad posible. 

En este caso, ¿Cuál es el contenido de los informes que son remitidos a la Arcotel?

Primero, es un reporte de monitoreo a lo que es la señal radial o televisiva o medio impreso durante un periodo establecido y se hace una evaluación de contenidos en base a las premisas que se motivan en el informe solicitado por la Arcotel. Por darle un ejemplo, si nos dijesen algún tema de discriminación, entonces se nos pide en el informe evaluar si ha habido algún tema de discriminación durante el periodo tal o cual por parte del medio de comunicación. Nosotros hacemos el monitoreo a través de grabaciones o en algunos casos respaldados por el artículo 5 de la ley Orgánica de Comunicación en su extensión digital, en aquellos que oficialmente así lo tengan y en base a eso hacemos un reporte de infracción o no de lo solicitado.  Es un informe netamente técnico. 

¿Estos informes podrían representar un impacto o algún tipo de limitante a la libertad de expresión?

Nuestras competencias hablan de un informe técnico de contenido comunicacional. Ahora, hablando de la libertad de expresión, es una capacidad de la democracia que va en los dos lados, ¿Verdad? Tanto de quién emite, como de quién escucha y el Consejo tiene que velar por ambos lados. Es decir, dentro de nuestro esquema de monitoreo están presentes temas de agresiones, de ofensas a grupos especiales, discriminaciones, que no están escudadas en la libertad de expresión. La libertad de expresión es yo poder decir lo que yo quiera. Puedes decir libremente lo que opinas y respetar los derechos de las personas que escuchan. Por eso hay lineamientos, por ejemplo en las franjas horarias de contenido que son evaluables y sujetas a estos informes. 

¿Cómo ve el antes y el ahora en cuestión a la libertad de expresión en Ecuador, con el paso de una Ley de Comunicación que era mucho más restrictiva y punitiva en cuanto a la labor periodística y de los medios de comunicación?

Pasamos de un esquema regulatorio excesivo con la ley anterior, como usted bien lo cita, donde el control comunicacional se confundía con el control estricto operativo de los medios de comunicación. Hoy por hoy nuestra ley actual establece una autorregulación. Es decir un sistema un poquito más maduro donde los propios medios ejecutan su regulación y el Consejo de Comunicación es un garantista, un acompañante de que eso ocurra.

Yo creo que la construcción permanente de la libertad de expresión es un trabajo que no tiene fin, que es un trabajo continuo, que el Consejo, a través de lo que hace y sus competencias, está allí, va a continuar estando allí, velando de que se cumpla

La seguridad es otro de los problemas que atañe al ejercicio periodístico. ¿Cómo aborda esta problemática el Consejo de Comunicación?

En la reforma a la Ley de Comunicación de 2022 se estableció el Mecanismo de Prevención y Protección al Trabajo Periodístico en la Legislatura ecuatoriana. Al crear el mecanismo se lo puso como una parte activa, pero también como un cuerpo colegiado dentro de la estructura administrativa del Consejo de Comunicación. Para finales de noviembre o primeros días de diciembre tendremos el estatuto aprobado por el Ministerio de Trabajo, lo cual implica destinar recursos para actuar de manera clara y oportuna. En este momento nosotros trabajamos en la detección de la alerta, el levantamiento de la ficha y efectuamos las acciones con otras instituciones del Estado. Cualquier periodista o trabajador de la comunicación puede contactarse con nosotros a través de nuestros canales de comunicación y hacernos saber sus preocupaciones o alertas de seguridad, para nosotros proceder en su ayuda. 

También realizamos capacitaciones formales y estamos próximos a un anuncio de becas para la profesionalización de trabajadores de la comunicación. 

En este marco, el Consejo de Comunicación ha mantenido encuentros regionales con representantes de otros países, tanto con reguladores del sector audiovisual, como de protección al trabajo periodístico. ¿Qué acuerdos se han alcanzado?

Se tuvo un primer encuentro regional para el Mecanismo de Protección del Trabajo Periodístico con representantes de Brasil México, Colombia, Guatemala y cuyo objetivo era fortalecer los mecanismos de prevención y protección para periodistas en América Latina. También se compararon las estrategias y estructuras que han manejado distintos países de la región, para compartir experiencias. 

Por otra parte tuvimos una reunión en Cartagena con los miembros de la Plataforma de Reguladores Audiovisuales de Iberoamérica. Para nosotros fue muy productivo, porque uno de los temas que se tocó el tema de las plataformas digitales. Es esta migración que existe hoy por hoy de los medios tradicionales hacia las plataformas digitales que utilizan el Internet como el medio de transmisión. Y en lo que hemos coincidido es que en todas esas plataformas existe hoy por hoy una escasa regulación a nivel iberoamericano. La regulación que hace la Arcotel aquí es a través del control del espectro radioeléctrico. En plataformas digitales no existe esa figura de regulación per se. Por ejemplo, a plataformas que transmiten contenido inapropiado o contenidos con derechos de autor como películas, deportes...la idea es establecer una posición conjunta entre los países de Iberoamérica y por ello hemos establecido una agenda para los próximos meses. 

^{TE PUEDE INTERESAR:} 

#Noticias I Trabajadores de Comunica EP rescatados por la Policía Nacional se reunieron con sus familiares en Quito. #LéaloEnET https://t.co/wuOPvDZGoV pic.twitter.com/6lyioPCZHz

— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) October 30, 2025