Caso Sinohydro: ¿Quiénes son los involucrados?
El caso denominado Sinohydro se reactiva dos años después del cierre de la etapa de instrucción fiscal (2023). La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se instaló el miércoles 27 de agosto de 2025 en la Corte Nacional de Justicia de Quito.
La investigación de Sinohydro, antes conocido como caso Ina Papers, inició en el 2019. En el caso está involucrado el expresidente Lenin M., su esposa, hijas, hermanos, cuñada, su amigo Conto P. y su círculo cercano, además del exembajador de China en Ecuador, Cai R. La Fiscalía los señala por el cometimiento del presunto delito de cohecho.
¿Qué investiga el caso Sinohydro?
Según información de la Fiscalía General del Estado, existiría una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair. Dicha red habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero. Según la acusación, se habrían pagado alrededor de USD 76 millones en coimas de parte de Sinohydro (este es considerado el monto más alto de coimas en la historia del Ecuador). Para los pagos se habrían utilizado a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias.
¿Quiénes son los involucrados?
Según la fiscalía, los sospechosos son:
- Lenín M., expresidente y exvicepresidente de Ecuador. Se presume que, junto a su esposa, habría recibido USD 220.000 a través de la compra de un departamento y muebles de sala.
- Rocío G., esposa de Lenín M.
- Irina M., hija de Lenín M. y Rocío G. H., habría recibido USD 50.000.
- Guillermo M., hermano de Lenín M. Habría recibido USD 10.000.
- Edwin M., hermano de Lenín M. Habría recibido 350.000.
- Martha G., cuñada de Lenín M. Habría recibido USD 15.000.
- Conto P., empresario y amigo de Lenín M. Habría recibido USD 1,5 millones.
- María Auxiliadora P., hija de Conto P. Habría recibido USD 20 millones.
- Xavier M., yerno de Conto P., esposo de María Auxiliadora P. Habría recibido USD 3,5 millones.
- Manuel P., hijo de Conto P. Habría recibido USD 600.000.
- Juan Carlos P., hijo de Conto P. Habría recibido USD 700.000, más USD 250.000 y 12.000 a través de las empresas Todernant LLC y Todernant S.A., respectivamente.
- Patricia P., hija de Conto P. Habría recibido USD 100.000.
- Carlos A., abogado, habría recibido 1,4 millones de dólares, más 1,8 millones a través de Carfal Corporation.
- José Eduardo C., abogado de Recorsa. Habría recibido USD 2,6 millones
- Henrry G., exgerente de Coca Codo Sinclair. Habría recibido USD 220.000 y USD 55.000 respectivamente.
- Cai R., exembajador de China en Ecuador.
- Yang H., funcionario de Sinohydro.
- Song D., funcionario de Sinohydro.
- Liu A., funcionario de Sinohydro.
- María Augusta B., junto a su esposo Luciano Cepeda, habrían recibido USD 310.000.
- Wu Y., funcionario de Sinohydro.
- Luciano C., funcionario público.
- Priscilla B., nieta de Conto P. y accionista de Comercial Recorsa.
- Rocío G., accionista de la empresa Miosa, de Manuel P.
La tesis de la Fiscalía
El medio GK señala que, según la Fiscalía, en 2010, Lenín M., entonces vicepresidente del Ecuador, habría conseguido que ocho meses después de la firma del contrato para el proyecto de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair llegaran al acuerdo de financiamiento con EximBank. Por otro lado, Primicias cita que el pago de los sobornos se habría dado entre 2009 y 2018, canalizado desde la estatal china Sinohydro hasta la empresa local Recorsa C.A. De allí, los pagos de las coimas se habrían dispersado entre todos los vinculados a la investigación.
El acuerdo habría ocurrido por la relación cercana y de amistad de Lenin M. con el entonces embajador de la República Popular de China en Ecuador, Cai R. Según GK, el dinero para el proyecto hidroeléctrico llegó en junio de 2010 y un mes después la empresa Comercial Recorsa, de propiedad de Conto P., quien también era representante de Sinohydro, abrió una cuenta en Banco Pichincha Panamá. Los pagos se habrían gestionado a esa cuenta.
En un inicio, la Fiscalía señaló a 37 y luego sumó a 4 más (41 personas) en el caso; sin embargo, en esta etapa judicial, las acusaciones se redujeron a 24, luego de que la Fiscalía presentó un dictamen abstentivo —no acusó formalmente— a 16 de ellos. Finalmente, el 18 de julio de 2023, durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el juez aceptó un sobreseimiento adicional, quedando así 24 procesados en esta etapa.