La Fiscalía General del Estado presentó un dictamen acusatorio contra  los ciudadanos Gladys Irene Ch., Ignacio Benjamín V., Concepción Magdalena U. y Daniel Alfonso M. quienes captaban víctimas a las que ofrecían visas de trabajo para viajar a Estados Unidos.

Por este caso, los involucrados fueron llamados a juicio por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada con fines de estafa y tráfico ilícito de migrantes.

En este proceso también están involucradas las empresas American Resident y AR Agencia de Reubicaciones las cuales también fueron llamadas a juicio, pero solo por el delito de tráfico ilícito de migrantes.

¿Cómo operaban?

Los interesados concretaban citas en Cuenca en las oficinas de American Resident. Allí firmaban un contrato por los servicios que ofertaba la empresa y se les explicaba que, si las víctimas aspiraban a ganar entre USD 12 y 50 la hora, debían pagar aproximadamente entre USD 12.000 y 20.000 de los cuales debían realizar un pago inicial de hasta el 50%.

Fueron obligados a tomar cursos de capacitación del área en el que iban a trabajar, los cuales tenían un costo de USD 2.000 extra. También les solicitaban realizarse exámenes médicos para acreditar su buen estado de salud, esto, como una medida para aparentar que los trámites eran legales.

Luego de que los perjudicados exigieran que se agiliten los trámites, Gladys Irene Ch solicitaba que acudan a las oficinas para firmar los contratos con las supuestas empresas, para lo cual debían pagar la otra parte del dinero.

Por último, los afectados acudían a la cita en el Consulado de Estados Unidos en Quito con documentación alterada y sin formularios básicos, por lo que sus visas eran negadas.