El Consejo de Administración Legislativa (CAL) avocó conocimiento de la solicitud de juicio político presentada por el asambleísta Luis Fernando Molina en contra de cinco integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y dispuso el envío del expediente a la Unidad de Técnica Legislativa (UTL) para el respectivo informe técnico-jurídico no vinculante.

La decisión se adoptó por unanimidad durante la sesión 49, tras una moción del legislador Steven Ordóñez, que ordena a la UTL verificar el cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud. El pedido apunta a los consejeros Andrés Xavier Fantoni Baldeón (presidente del CPCCS), Johanna Ivonne Verdezoto del Salto, Jazmín Lilibeth Enríquez Castro, David Alejandro Rosero Minday y Piedad del Rocío Cuarán Rosero.

De acuerdo con el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), una vez que el CAL conoce la solicitud debe requerir el informe a la UTL, que tiene hasta tres días para remitirlo. Con ese insumo, el CAL cuenta con un plazo máximo de diez días para verificar requisitos y, si corresponde, dar inicio al trámite; posteriormente, la Presidencia de la Asamblea remite el expediente a la Comisión de Fiscalización para su sustanciación.

El nuevo movimiento ocurre luego de que, el 12 de enero de 2026, el CAL resolviera no dar paso a un pedido previo por inconsistencias en firmas de respaldo y observaciones de forma, según informó la Asamblea.

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) January 16, 2026