El 16 de febrero pasado el Parlamento de Venezuela, controlado por la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, aprobó en primer debate una Ley de Amnistía que busca liberar a políticos presos, acusados de incitar a la violencia en las protestas registradas en los últimos años.

La jurista venezolana Elsie Rosales hace algunas puntuaciones en torno al articulado que, desde el gobierno, se calificó como la ley de ‘amnesia criminal’.  

Desde un sector de la prensa se posiciona constantemente a Venezuela como un país que no respeta los derechos humanos.  ¿Es lo que ocurre en realidad?

Todos los juristas que entendemos de derechos humanos y de derecho internacional comprendemos que, en la lucha histórica, sean estos la razón política de nuestras constituciones. Pero vemos que en los últimos años, lo que denominamos el dominus (los poderes fácticos y los que buscan que las estructuras se perpetúen), lamentablemente recurre a los derechos humanos para usarlos de forma manipulada y así continuar  sus objetivos. Es decir, el poder se reconfigura cambiándose la máscara de represor y opresor día a día. Y en esa transmutación emplea banderas que son de los pueblos, como la de los derechos humanos.

¿Se está dando un uso político al sistema de derechos humanos?

En Venezuela hemos alcanzado un acuerdo político que se plasmó en la Constitución de 1999 y que priorizó los derechos humanos, pero tristemente no les gustó a los poderes conservadores la solución que se dan los pueblos por la vía pacífica y auténticamente democrática. Por eso acuden –no solo en el caso venezolano- a boicots en el ámbito financiero y bélico, tratando de producir conflictividad interna y de dividirnos (…) Entonces apelan a los derechos humanos de forma inadecuada.  

Actores políticos de derecha como Óscar Arias y Lech Walesa se reunieron en Venezuela para denunciar una supuesta violación a los derechos humanos y exigir la liberación del opositor Leopoldo López...

Ese pedido se concreta en un proyecto de ‘Ley de Amnistía y de Reconciliación Nacional’, al tener una mayoría de oposición en la Asamblea Nacional, lo que es valioso en un Estado democrático vigoroso. Pero es un proyecto de ley que jurídicamente desdice los conceptos enmarcados en el ámbito de la exoneración y la responsabilidad (...) En esa ley se citan delitos cometidos desde el año en que comenzó el proceso constitucional actual, 1999, hasta nuestros días, incluso aquellos delitos que pudieran cometerse en un futuro hasta que se dicte esta ley. Eso es algo increíble desde el plano jurídico, porque legislaron para el futuro. La lista de delitos incluye situaciones que tienen que ver con un tema muy delicado, como la incitación al odio. Es decir, podemos tener distintas formas de querer transformar y mejorar el mundo, pero los métodos, como decía Albert Camus: “La política es el arbitraje de los medios y los medios -desde el punto de vista que nos interesa a los juristas- deben ser pacíficos”. Hablamos de exonerar delitos relacionados con incitación al odio hasta obstruir la circulación pública, sin apuntar que muchas de esas manifestaciones dejaron fallecidos y lesionaron derechos humanos.

¿Es posible una ‘reconciliación nacional’ sin sancionar a los responsables de esas muertes?

Una amnistía es un perdón, es un olvido, y ese perdón deber ser producto de un consenso nacional. Este proyecto de ley es prematuro y, aunque aborda una solución que podría tomarse a futuro, debe alcanzarse a través de un diálogo nacional. El gobierno recomienda la creación de una comisión de la verdad; entonces, en el fondo nadie se opone a una amnistía, pero Venezuela aún no está lista para eso porque no se ha construido un acuerdo nacional.  Para tener paz, hay que tener justicia, y entendamos que justicia no es solo tener a un juez dictaminando algo, sino que se la puede alcanzar por medios alternativos; pero no se puede aceptar que no haya ningún tipo de justicia. Cuando se cometió un delito, el solo hecho de reconocer el error disminuye las tensiones y permite seguir adelante. Ese paso es muy importante para alcanzar la reconciliación bajo la comprensión, el entendimiento y el perdón. Con el reconocimiento (del delito) no solo se busca restablecer la dignidad de la víctima, sino que se la puede compensar, incluso de forma simbólica; pero lo que no se puede hacer por decreto es olvidar delitos que dejaron un conjunto de víctimas.
A quienes sí se les consulta ahora, sentirán que es una ley para la impunidad. (I)