El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció ayer que su país vive una de las peores amenazas y agresiones mediáticas que ha experimentado en más de 10 años, por lo que anunció una “contraofensiva política”.

Durante una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, que ofreció en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, en Caracas, el mandatario denunció también una doble incursión de un avión militar de Estados Unidos la semana pasada en territorio venezolano, ante lo cual anunció una protesta diplomática.

Maduro, quien fue ministro de Relaciones Exteriores casi 7 años, durante el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez, resaltó: “Puedo decir hoy que estamos siendo víctimas de la agresión mediática, política, diplomática y de las amenazas más graves que ha vivido nuestro país en los últimos 10 años”.

Por ello, destacó que Venezuela emprenderá una contraofensiva para hacer llegar la verdad a los pueblos y hacer valer su soberanía nacional.

El jefe de Estado venezolano ofreció esta declaración un día después de que se oficializara un decreto de estado de excepción y emergencia económica, dictado para hacer frente a supuestas amenazas de golpe de Estado contra su Gobierno.

Respecto a la incursión extranjera, detalló que un avión militar “con capacidades técnicas letales” de Estados Unidos entró ilegalmente en el espacio aéreo venezolano en dos ocasiones en la última semana. “Nuestra aviación militar detectó el ingreso ilegal, para labores de espionaje inusuales, del avión Boeing 707E3 Sentry, que es un sistema de alerta-centro-control aerotransportada que tiene todos los mecanismos para el espionaje”, precisó Maduro durante la rueda de prensa. Este tipo de aviones -añadió- es usado por EE.UU. “para apoyar comunicaciones de grupos armados en zonas de guerra o para preparar acciones para inutilizar equipos electrónicos de funcionamiento de gobierno, la fuerza armada nacional o la economía”.

“Decreto es una concentración de poderes”, dice Asamblea

Horas después, el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, rechazó el decreto de estado de excepción. La Asamblea resolvió que el decreto presidencial es “una concentración de poderes” que “profundiza la grave alteración del orden constitucional y democrático”, y “representa un franco abandono de la Constitución”.

La última palabra la tiene ahora el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de estar a órdenes del gobierno, y que ya anuló dos leyes y otras decisiones del actual Parlamento, al que eliminó facultades de control.  

La propia coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) da por descontado que el TSJ lo dejará en firme. (I)