Ruanda ha sido el último país del continente africano que fue descubierto y colonizado por parte de los europeos. Los alemanes impusieron su autoridad en esta tierra al finalizar el siglo XIX antes de ser expulsados por los belgas tras la Primera Guerra Mundial.

En 1919, el Tratado de Versalles atribuyó el país a Bélgica que instauró un protectorado. Lo que se llamaba entonces Ruanda-Urundi, y que adjuntaron al Congo Belga, se mantuvo bajo ocupación hasta la independencia de 1962. Los colonizadores implementaron un sistema basado sobre la aristocracia tutsi, una de las 3 minorías del país.

Aunque el reino era organizado en clanes desde siglos, los belgas reinventaron la composición de la población de manera ‘etnicista’, marginalizando a la mayoría hutu. Así, por ejemplo, durante la década del 30 se implementó la cédula étnica en el país.

A lo largo de las décadas la cuestión de la ‘etnia’ se volvió ‘racial’ y las tensiones se incrementaron. Los hutus, que representaban el 70% de la población, se encontraban entonces dominados por la minoría tutsi a través de un sistema de carácter feudal fomentado por la potencia colonial donde se les privaba tanto los derechos económicos como políticos. El año 1957 marcó el inicio de la organización política de los hutus, en el Manifiesto de los Bahutu denuncian el “monopolio” de los tutsis que los mantienen en una “situación eternamente inferior”.

En este documento se desarrolla también el concepto de “colonialismo tutsi” donde se muestra la presencia de esta minoría como una invasión aún más peor que la de los europeos.

En 1959 estalló la “revolución social”. Los hutus, apoyados por la Iglesia católica, echaron a los tutsis que estaban en el poder desde el inicio de la era colonial. En la óptica de mantener su influencia en Ruanda, los belgas decidieron entonces  dejar el sistema que habían creado y respaldaron a la mayoría hutus. Entre 1959 y 1963, 300 mil tutsis, más del 10% de la población, se exiliaron a los países vecinos.

La independencia del país se construyó sobre la noción de “enemigo interior”, el medio de la venganza del antiguo dominador provocó las primeras masacres de tutsis que se habían quedado en el país. En 1961, el poder hutu recién instalado proclamó la República, el año siguiente se independizaron oficialmente Ruanda y Burundi y los últimos belgas se fueron.

Diciembre de 1963 marcó la primera ofensiva de los exiliados tutsis y su fracaso, las represalias del poder dejaron más de 10 mil muertos. 10 años después, tras un nuevo intento de retorno, el clima se volvió  más violento con un aumento de los antitutsis. En este contexto llegó al poder Juvénal Habyarimana tras un golpe militar.

Implicación opaca de Francia

Desde entonces el régimen se transformó en un sistema autoritario basado sobre un partido único y a donde se impartieron depuraciones ‘raciales’ en la administración, las escuelas y las universidades.

Fue durante este período que Francia empezó a interesarse en las ‘excolonias’ belgas de la región. En 1975 se firmó un “acuerdo particular de asistencia militar” entre la potencia europea y Ruanda. Este acercamiento inició una gran amistad entre las autoridades francesas y el régimen de Habyarimana.

Por su parte, los tutsis exiliados nunca abandonaron la idea de volver a su país, sea a la fuerza o por negociación. Se organizaron políticamente hasta crear el Frente Patriótico Ruandés (FPR) en 1987, un partido político dotado de un brazo armado. Lanzaron la primera ofensiva en octubre de 1990 que provocó la intervención de Francia, Bélgica y el Zaire (ex-Congo). Enseguida del rechazo del ataque tuvo lugar una campaña de represión por parte del gobierno que dejó decenas de miles de muertos. Las tropas belgas y zaireñas se retiraron pero los franceses se quedaron. La actuación francesa durante el período 1990-1993 quedó turbia hasta hoy. Varias fuentes indican que los 400 militares presentes formaron a miles de ‘soldados’, los llamados Interahamwe, los mismos que fueron implicados en las masacres poco tiempo después. En la voluntad de apoyar a su aliado ruandés, París proporcionó ayuda logística al régimen antes y después del genocidio.

Desde 1992 hubo matanzas organizadas e impunes de tutsis y opositores hutus. El año siguiente se concluyeron los acuerdos de Arusha, varios encuentros tuvieron como objetivo formar un gobierno de transición y fomentar la paz. Por lo tanto, el gobierno de Habyarimana no respetó los requisitos y las exacciones seguían. Lo que dio razones al FPR para atacar de nuevo y que fracasó esta vez a las puertas de Kigali, la capital, frente a la intervención francesa.

Francia siempre sostuvo la tesis de que las incursiones del FPR constituyen una agresión exterior, de otro país, sin ver la complejidad de la situación ni tampoco las señales de un engranaje de un genocidio. Aunque científicos, especialistas y hasta los diplomáticos franceses advirtieron del riesgo de “una eliminación total de los tutsis”. París nunca cambió de posición. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda (Minuar) desplegada en octubre de 1993, para apoyar la implementación de los acuerdos de paz de Arusha, se encontró bastante impotente. Sin los recursos necesarios y sin la posibilidad de intervenir directamente, tampoco los ejecutivos de la ONU hicieron caso de las advertencias de los cascos azules sobre la existencia de numerosos escondites de armas y listas de personas, futuras víctimas, establecidas por las milicias.

Cascos azules impotentes

En un contexto de gran tensión donde la violencia estaba omnipresente se perpetuó el atentado contra el avión de Juvénal Habyarimana el 6 de abril de 1994. Al menos 2 misiles hicieron explotar el aparato donde se encontraba también el presidente de Burundi sin que se sepa claramente hasta hoy quiénes fueron los responsables. Este acto inició las masacres. En la noche del atentado milicias y guardia presidencial se fueron a matar hutus opositores o moderados, como la entonces primera ministra.

El gobierno interino fue el instigador del genocidio. Enviaron el ejército, las milicias y la policía a atacar a los tutsis, pero los simpatizantes del gobierno mataban a la población con machetes. 100 días fueron suficientes para acabar con la vida de más de 800.000 personas sin distinción de edad o sexo. Una lógica de exterminación, una matanza masiva de las más trágicas del siglo pasado.

La Minuar consiguió proteger un número consecuente de civiles, pero sin alcanzar a parar o por lo menos frenar las masacres. La inoperancia de las cancillerías extranjeras se tradujo con la reducción de los efectivos de la Minuar, de 2.500 a 270 soldados, al inicio de las atrocidades y el rechazo de usar la palabra “genocidio” antes del mes de mayo.

En el fin del mes de junio la ONU autorizó la proposición de “intervención humanitaria” de Francia. Muchos criticaron esta decisión debido a las antiguas posiciones del país. Los franceses que ya habían intervenido 18 veces en el continente africano desde las independencias trataban esta vez de crear una “zona humanitaria segura” en el suroeste del país.

La llamada operación Turquoise no impidió las masacres en esta zona de Ruanda, tampoco desarmó a la milicia ni detuvo a los responsables del genocidio. Más bien se protegió a los altos ejecutivos del régimen. Se calcula que durante la guerra entre los países vecinos de Ruanda y Zaire huyeron más de 800.000 personas. Escapaban de los avances del FPR.

20 años después del drama el trabajo de memoria no ha culminado todavía. Tras las conmemoraciones nacionales de abril pasado, el antiguo dirigente del FPR y actual presidente de Ruanda, Paul Kagame, acusó a Francia de que tuvo un “papel directo en la preparación del genocidio”. El Gobierno de París se indignó y respondió con la anulación de su participación en las conmemoraciones y denunció las “acusaciones injustas e indignas” en un contexto donde la ONG y los responsables piden desempolvar los documentos que tratan el caso.

El pasado 30 de junio, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda confirmó la pena de 30 años de cárcel impuesta al exjefe del Ejército de Ruanda Augustini Bizimungu como uno de los máximos responsables del genocidio. Fue detenido el 15 de agosto de 2002 en Luanda.