La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, defendió su decisión de incluir en su Gabinete a Luiz Inácio Lula da Silva, de quien dijo que podrá usar su gran experiencia política para ayudar al Gobierno, y negó que el nombramiento sirva para que el exmandatario se escabulla de los procesos que enfrenta.

El desembarco de Lula como nuevo hombre fuerte del gobierno generó ácidas críticas de la oposición, que lo ve como una tentativa del exmandatario de obtener fueros privilegiados para sustraerse a la justicia ordinaria, y en especial al juez de primera instancia Sergio Moro, que investiga el escándalo Petrobras.

"Tener prerrogativa de fueros no es impedir la investigación, es hacerla en una determinada instancia (...) ¿A título de qué tengo que pensar que la investigación del juez Sergio Moro será mejor de quien la haga en la corte? Eso es una inversión de jerarquías", dijo Rousseff en una breve rueda de prensa.

"Detrás de la afirmación de que (Lula) pretende esconderse, habría una desconfianza en la Corte Suprema, ¿es eso lo que las suposiciones quieren instalar?", se preguntó la mandataria.

A principios de marzo, Moro ordenó que Lula fuera conducido por la fuerza a declarar ante la policía, en un espectacular procedimiento que incluyó uniformes camuflados, armas largas y el cierre de calles aledañas a su residencia en Sao Paulo.

El caso fue aún más lejos cuando la fiscalía de ese estado pidió la prisión preventiva de Lula por la presunta ocultación de la propiedad de un tríplex y una chacra. La investigación alcanzó también a su esposa y a uno de sus hijos.

"La llegada de Lula a mi gobierno lo fortalece y hay personas que no quieren que sea más fuerte".

Rousseff está a las puertas de un pedido de juicio de destitución presentado por un grupo de juristas al Congreso por supuestamente haber maquillado las cuentas públicas y haber autorizado gastos sin autorización del Congreso.

La iniciativa es apoyada por la oposición y alberga potencial para terminar anticipadamente su mandato, previsto hasta 2018.

Esta tarde, la Corte Suprema deliberaba para definir las reglas de ese proceso, lo que habilitaría a la Cámara de Diputados a instalar una comisión para analizar si hay argumentos para iniciar un juicio.  (I)