Las cámaras de seguridad marcan las 2.34 am del martes 6 de enero cuando se ve a personas corriendo, tratando de huir de la plaza de Apatzingán, en el estado mexicano de Michoacán. Son civiles desarmados, ex integrantes de las Fuerzas Rurales de seguridad y personas que los respaldan en un campamento de protesta, quienes en ese momento se transforman en blanco de un ataque armado perpetrado por la Policía Federal, según testimonios recabados por la reportera Laura Castellanos para el portal Aristegui Noticias.

“Nos están tirando los federales”, dice la grabación de los radiotransmisores de los ex-Fuerzas Rurales. “Al grito de ‘maten a esos perros’ comienzan a disparar”, relata otro de los 39 testimonios que obtuvo el sitio informativo.

En la plaza había cerca de 100 personas entre hombres, mujeres y niños. Participaban de una protesta encabezada por los ex integrantes del grupo “G 250” de la Fuerza Rural. Los disparos en contra de ellos se extendieron por 15 minutos, con ametralladoras M-60 y armas con balas expansivas, indican testimonios. Varias personas cayeron muertas durante ese periodo de tiempo algunas “rendidos, de rodilla y sin armas. Lo ejecutan”, según los relatos de sobrevivientes.

Agregan que decenas de civiles –entre ellos heridos- fueron arrestados y eran trasladados por camionetas policiales cuando los sobrevivientes intentaron rescatarlos, siguiendo a las patrullas y sin más armas que palos. A las 7.20, cuando avanzaban por Avenida Constitución, hubo un segundo ataque por parte de los Policías Federales.

En un video aficionado, tomado con un teléfono por una joven, se observan corretizas mientras se escuchan disparos de armas de fuego. Al menos doce personas fueron asesinadas en esos instantes y prueba de ello son otras dos fotografías: una muestra a una familia que yace debajo de una camioneta negra y otra a cinco jóvenes ultimados debajo de otro vehículo blanco.

Los de la camioneta negra eran integrantes de la familia Madrigal. Según relatos de un testigo, el padre, Miguel Madrigal, a quienes algunos señalan como presunto operador del cártel Los Viagra, había descendido con el torso desnudo y las manos en alto para mostrar que estaba desarmado. Igualmente le dispararon. Él y su esposa trataban de hacer un escudo humano para proteger a sus dos hijos para protegerlos pero todos fueron muertos. Los cuatro yacen en el piso abrazados. “Gritaban ‘no tiren, no tiren, estamos desarmados’ (..) Los masacraron. Los hicieron pedazos”, relata el testigo.

A pocos metros se observa el cuerpo de otro hombre y en la camioneta blanca son siete los jóvenes tirados. Eran campesinos dedicados a la cosecha del limón, uno de ellos de 17 años y los restantes de entre 18 y 19 años de edad. Una imagen de video difundida por Youtube muestra que uno de ellos, con camiseta rayada, sigue vivo y mueve un brazo cuando la zona ya está acordonada y bajo resguardo de agentes que no pidieron asistencia médica.

Responsables del hospital Ramón Ponce, que se encuentra a unas pocas cuadras, recibieron a los heridos que los propios civiles lograron trasladar. Dijeron al portal Aristegui Noticias que los impactos de bala en algunos casos habían sido recibidos a una distancia de 10 a 20 centímetros. Además, relataron que las autoridades les impidieron trasladar a los heridos de mayor gravedad hacia otras instituciones de la región.

El reportaje de la periodista Laura Castellanos ha puesto en entredicho a las autoridades mexicanas, quienes en su momento reportaron hechos absolutamente diferentes. Horas después de los ataques, el entonces comisionado para la seguridad, Alfredo Castillo, informó que sólo hubo 8 personas fallecidas, un atropellado y otros 7 muertos por “fuego cruzado”.

Fuerzas de seguridad y violaciones a derechos humanos

Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, alerta que la llamada Masacre de Apatzingán no es un hecho aislado.

“El endurecimiento de las políticas de seguridad, sobre todo a partir de la militarización de la policía justificada bajo la idea de una guerra entre el Estado y el narcotráfico, se ha traducido en el aumento de graves violaciones a derechos humanos. En ese contexto, una de las graves violaciones que ha aumentado son las ejecuciones arbitrarias; el uso innecesario, desproporcionado y habitual de la fuerza letal”.

Como las ejecuciones, también siguen al alza otros delitos graves, explica Aguirre: “hemos documentado desde el aumento de la tortura y en específico de la tortura sexual como en el caso de Claudia Medina Tamariz, hasta la práctica de la desaparición forzada tal y como vemos en el caso de Ayotzinapa”.

“Lo que hoy se hace público a partir de la Masacre de Apatzingán confirma que muchas de las muertes que la policía hace públicas como producto de enfrentamientos o como legítimo ejercicio de la fuerza letal, más bien esconden una realidad de privaciones arbitrarias a la vida y ejecuciones”.

Un problema adicional, explica el sub director del centro especializado, es “que este tipo de violaciones a derechos humanos con frecuencia quedan en la impunidad, la regla sigue siendo la impunidad” porque el trabajo pericial está viciado por corrupción al igual que los procesos legales subsecuentes.

Además, resalta que las autoridades frecuentemente optan por “catalogar a estos homicidios como si fueran imprudenciales, culposos o accidentales de manera que se pretendan hechos donde la voluntad de los agentes estatales no era privar de la vida. De esa manera los autores materiales enfrentan penas menores” y más grave aún, “nunca se agota la cadena de mando, nunca se juzga a los autores intelectuales ni a los responsables jerárquicos de las unidades que se ven involucradas en violaciones a los derechos humanos”. En este caso, por ejemplo, el entonces comisionado especial para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, fue reemplazado en su cargo días después de la masacre pero sigue dentro de la administración pública y la semana pasada fue designado al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

En menos de un año, en México se han registrado al menos tres grandes ataques contra civiles perpetrados por las fuerzas de seguridad: la ejecución de 22 personas por el ejército, el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya (Estado de México); el asesinato de 3 estudiantes y secuestro masivo de otros 43 por la policía en Iguala (Guerrero), el 26 de septiembre pasado; y ahora el asesinato de al menos 16 civiles por la policía federal en Apatzingán (Michoacán).

“México enfrenta una crisis grave en materia de derechos humanos. Hay que ver los señalamientos que recientemente hicieron el Relator de Tortura y los integrantes del Comité sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas son de una severidad que difícilmente resulta comparable con lo que le han dicho a otros países. No ubicamos a otros países a los que les hayan señalado que en el presente tienen desapariciones forzadas generalizadas en algunas regiones del país. Y en ese contexto el tema de las ejecuciones arbitrarias confirma la gravedad de la crisis y ponen en entredicho la política de seguridad”.

Para expertos en derechos humanos como Santiago Aguirre, México vive “una espiral de violencia y violaciones a derechos humanos”. Una situación impensable en un régimen democrático pero cada vez más real. (I)