El Congreso de Estados Unidos logró un acuerdo legislativo en enero para evitar el abismo fiscal, postergando la discusión por el techo de la deuda pública, pero el plazo para evitar que los recortes impositivos entren en vigencia de forma automática y provoquen la bancarrota del Estado llegó la medianoche de ayer a su fecha límite.

En un desesperado intento de alcanzar un acuerdo de última hora, el presidente  Barack Obama se  reunió ayer  a puerta cerrada con el vicepresidente, Joseph Biden; el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, y el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid.

El mandatario apeló a un acuerdo in extremis entre republicanos y demócratas en el Congreso para tratar de detener el inicio de una austeridad que puede tener graves consecuencias sobre el crecimiento de la primera economía mundial. “No podemos seguir gestionando el país mes a mes, crisis a crisis”.

El presidente advirtió que una falta de acuerdo supondrá la destrucción de 750.000 empleos y costará un punto al crecimiento del país. “No va a ser el apocalipsis como algunos dicen, pero va a tener un impacto en la gente”, dijo  Obama.

En consecuencia, si los recortes entran en vigor, éstas medidas afectarán cinco áreas fundamentales dentro de la nación: la defensa, la seguridad nacional, el sistema de salud, la educación y el empleo, según informes de la Casa Blanca.

Según la Administración de Obama, el Pentágono deberá reducir $55.000 millones de su presupuesto, lo que a juicio del Gobierno representa una amenaza para la seguridad nacional. También prescindirá de la compra de aeronaves para la Fuerza Aérea y la Marina, las operaciones y la investigación militar en $ 23 mil millones, aproximadamente.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional dejará de recibir $600 millones  para la seguridad en la frontera, reducirán en $ 323 millones las operaciones en los aeropuertos, e incluso el FBI disminuirá su presupuesto en $ 480 millones.

El Medicare, programa sanitario para personas mayores de 65 años, recortará sus gastos de $ 11.000 millones. También serán afectados los programas de investigación y prevención de enfermedades. Igualmente sufrirán recortes los servicios a personas sin hogar, pacientes con SIDA y enfermos mentales.

El sector educativo sería uno de los más perjudicados al reducir $ 725 millones. Estiman que 23 millones de estudiantes sin recursos y seis millones de niños con educación especial serían afectados.

Adicionalmente, el Estado tendrá que prescindir de 750 mil empleados públicos y estiman que la cifra puede ascender a dos millones si se toman en cuenta puestos de trabajo asociados a empresas contratadas por el Gobierno Federal.