Aunque la Fiscalía de Schleswig-Holstein anunció que seguirá estudiando el auto de extradición de Carles Puigdemont emitido por España, algo raro ha debido de encontrar la jueza en la euroorden cursada para que ponga por escrito que “podría ser denegada”.

Así consta en el acta judicial emitida tras el interrogatorio de tres horas al que fue sometido el político catalán durante la noche del lunes.

No obstante, la decisión final sobre la extradición no dependerá de esta magistrada sino del fiscal y ahí las cosas cambian. Puigdemont aguarda la resolución en una celda de la prisión de Neumünster y así podría continuar durante los próximos dos o tres meses, según la normativa europea.

Sin embargo, esta matización tan precisa de la jueza alemana sobre el auto de detención dictado por el Tribunal Supremo español trastoca los planes iniciales que preveían una entrega rápida. A la justicia de Schleswig-Holstein no le queda otra que analizar ahora el trasfondo político del asunto, algo que en principio alargará su resolución, y determinar “si hubo o no violencia”. Este aspecto resultará decisivo para encajarlo en el “delito de alta traición”, tipificado en el código penal alemán, y proceder a la entrega a España.

Ante las dudas crecientes en Alemania, comienza a barajarse la opción de que Puigdemont sea extraditado solamente por el delito de malversación de fondos, que también le imputan, pero que impediría ser juzgado por rebelión, una infracción que en España está penada con hasta 25 años de cárcel.

Para obstaculizar aún más el caso, el diario germano Süddeutsche Zeitung se hacía eco este martes de un detallado informe elaborado por el servicio científico del Parlamento federal el pasado año donde se destaca el límite para la aplicación de una euroorden de detención. Según acordó el Bundestag, la única salvedad para denegarla es la persecución probada por “convicciones políticas”. Es decir, exactamente lo que denuncia Puigdemont.

Nada que ver con los argumentos que esgrime el gobierno español. El portavoz del ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó que la situación del expresident está “exclusivamente en manos de la justicia” y que los detenidos no están privados de libertad por sus ideas “sino por ir contra el Estado de derecho”, un delito que también supone “atentar” contra la propia UE.

Mientras, en los alrededores del penal de, una zona tranquila nada acostumbrada a las aglomeraciones de personas, se encuentra casi cercado por simpatizantes independentistas y por decenas de medios de comunicación llegados de toda Europa, atraídos por la enorme polvareda política que ha levantado.

La más inquietante, sin duda, es la admisión de la demanda por una supuesta “vulneración” de derechos políticos que los abogados de Puigdemont presentaron el lunes ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Esta decisión de Naciones Unidas se suma al dictamen emitido la semana pasada sobre el ex candidato a la investidura Jordi Sánchez, encarcelado en España, donde se exige a España la aplicación inmediata de unas medidas cautelares a favor del reo y se recuerda al gobierno las obligaciones contraídas para garantizar los derechos políticos de las personas.

Las protestas en las calles continuaron por tercer día consecutivo. Desde primeras horas del día, manifestantes bloquearon el paso fronterizo de la Junquera, en Girona, lugar de paso obligado para el transporte de mercancías por carretera entre España y Francia.

Por la tarde, la tensión se trasladó al corazón de Barcelona, a la estación de Sants, nudo principal de las comunicaciones de la capital catalana. En previsión de incidentes, decenas de Mossos d'Esquadra blindaron el perímetro del edificio. (I)