Marroquíes sufren explotación en sur de España

- 28 de junio de 2018 - 00:00
Tres de las cinco recolectoras de fresas marroquíes que denunciaron sus condiciones de trabajo y presentaron denuncias de acoso sexual. Ellas fueron contratadas en Andalucía para laborar en la temporada de febrero a mayo.
Foto: AFP

Las recolectoras temporales de fresas presentaron su denuncia sobre abusos de sus empleadores en la Guardia Civil. La empresa rechaza los cargos.

“Queremos justicia” y que “Marruecos no mande más mujeres aquí en estas condiciones”, afirma Houda, una de las trabajadoras estacionales marroquíes que denuncia un ritmo agotador y acoso durante la cosecha de fresas en España.

Las 10 mujeres entrevistadas son parte de las 16.000 marroquíes que dejaron a sus hijos en Marruecos para ir a Andalucía (sur de España) a recoger fresas este año.

Las denuncias de las marroquíes por sus condiciones de trabajo y abusos sexuales en los campos de Huelva están ahora en el foco de la prensa gala. Las mismas fueron desveladas por una revista alemana y recogidas por diarios de otros países.

Los medios L’Express o La Dépcêche destacan testimonios de afectadas y la controversia generada. También se mencionan las voces de la empresa Doñana 1998 que acusan a las marroquíes de “montar el escándalo” para quedarse en España y enfatiza que las temporeras son apoyadas por políticos, sindicatos y fundaciones.

Cinco de estas mujeres presentaron su denuncia ante la Guardia Civil, aunque están pendientes cinco más. Están refugiadas en una vivienda en la provincia vecina de Málaga, invitadas por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).  

La falsa expectativa
Llegadas de Errachidia, Bouarfa, Berkan, Guercif y Chauen, estas mujeres de mirada triste, de entre 23 y 35 años, son todas madres de hijos pequeños: es una exigencia para contratarlas, garantizando así que volverán a Marruecos cuando termine la temporada.

Una de ellas explica que “la pobreza” la llevó a partir para recoger fresas un mes después de dar a luz a su último hijo. Otra, embarazada de cinco meses cuando llegó a España a finales de abril, esperaba “pagar la operación” de un hijo con el dinero ganado.

Todas las marroquíes firman un “contrato en origen” en su país. Pero “lo que hay en el contrato y la realidad no tienen nada que ver”, dice Layla, de 31 años (los nombres fueron cambiados para resguardar el anonimato).

Los contratos vs. su realidad
Adiba, de 35 años, explica que “el trabajo era muy duro a causa del ritmo”.

“El contrato prevé seis horas y media de trabajo al día, pagadas de $ 45 a $ 46 (39 o 40 euros), con un día de descanso a la semana. Pero cuando llegamos, nos dicen: ‘es la segunda recogida, vas a trabajar al tajo, $ 1,16 (0,75 euros) por cada caja de 5 kilos’”, explica.

“Tenías que sacar cajas de fresas muy, muy rápido. Si no cumples te sancionan con dos o tres días sin trabajar”, asegura Adiba que se endeudó para pagar su pasaporte, el visado y los papeles para obtener el contrato de tres meses y al final solo trabajó “23 días”.

El contrato incluye hospedaje gratuito, pero “dormíamos seis mujeres en un contenedor de chapa” muy rudimentario, instalado cerca de los cultivos y agrega que debía dedicar “$ 3,47 (tres euros) diarios sacados del sueldo” para ello.

Charifa, de 23 años, estalla en llanto cuando afirma que nadie las defendía “como mujeres”. Según ella, el jefe le “ofrecía $ 57 (50 euros) por tener relaciones (sexuales)”.

Las voces callan cuando Fadila, de 29 años, recuerda el día en que aceptó que el jefe la llevara en su automóvil: “Me abrazó a la fuerza en la silla del copiloto, tuve que luchar con él para quitármelo de encima, me dio un beso en la boca a la fuerza, me tocó el pecho y...”, dice sin poder terminar, entre sollozos.

“Todo lo puedo superar, olvidar, salvo si se entera mi marido y me quita a los niños”, dice una mujer divorciada, consciente de que las víctimas de abuso sexual pueden ser objeto de repudio social en Marruecos.

“Queremos justicia, que las autoridades de Marruecos no manden a más mujeres aquí en estas condiciones y volver con la cabeza alta a nuestro país”, concluye Houda, de 33 años.

Bajo contrato con la misma empresa, otra temporera marroquí escribió un texto desmintiendo categóricamente las acusaciones contra Doñana 1998, que emplea a centenares de mujeres marroquíes anualmente. Firmada por 131 compatriotas, esta “contradenuncia” fue registrada por la Policía.

Manuel Matos, dirigente de Doñana 1998, acusó al SAT de manipular a las mujeres por motivos políticos, afirmando que les promete “papeles” a cambio de “mentiras”. (I)

La zona rural
Falta inspección laboral
La abogada especialista en derechos humanos, Pastora Filigrana, critica la falta de inspecciones laborales en los asentamientos de las trabajadoras y enfatiza que las denuncias sobre la explotación y acosos son desde 2005.

46 dólares diarios es el pago mínimo por 40 horas de labor en las zonas rurales de España. Pero no se cumple.

Los requisitos que exigen
Los empresarios dirigen una solicitud al Ministerio de Trabajo de Marruecos. En esta explican la cantidad de personas que necesitan y las condiciones que se requieren. La selección la forman mujeres de hasta 45 años, con experiencia en el mundo rural y que tengan cargas familiares en su país. (I)  

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250.000 ciudadanos de Marruecos están ilegales

Cerca de 250.000 marroquíes se encuentran en España en situación irregular a consecuencia de la crisis y también del repunte en la llegada de pateras desde 2016, confirman las fuentes marroquíes y españolas.

La cifra supuestamente es la tercera parte de los 773.478 marroquíes registrados legalmente a fines de diciembre de 2017; es decir, la suma de todos ellos aumenta el volumen total de marroquíes a más de un millón, convirtiéndolos en la primera comunidad extranjera en España.

Las fuentes, procedentes de varios ministerios implicados (Interior, Asuntos Exteriores y Emigración) y que pidieron el anonimato por lo delicado del caso, subrayaron que el problema ya fue planteado por Rabat a nivel bilateral en busca de una solución, aunque el cambio de gobierno en España no hace presagiar un rápido desenlace.

Al mismo tiempo, destacaron que “no expulsan” a marroquíes en situación irregular, salvo aquellos implicados en delitos, y ello pese a que gran parte de los casos son sobradamente conocidos por la Policía española y los consulados marroquíes.

Los medios de subsistencia de todos ellos son variados: la mayor parte, coinciden las fuentes, trabaja “en negro” en: servicio doméstico, agricultura y construcción, donde son explotados por su condición ilegal. (I)

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