El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil ratificó que el 15 de agosto inscribirá como su candidato presidencial al detenido expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien el domingo fue liberado por un magistrado, pero la decisión fue revocada en pocos minutos, causando una batalla dentro del Poder Judicial.

Y, en ese sentido, juristas y partidos aliados a Lula anunciaron que presentarán ante el Consejo Nacional de Justicia un pedido para apartar del Poder Judicial al juez de primera instancia Sérgio Moro, jefe de la Operación Lava Jato, que desde sus vacaciones en Portugal se interpuso al pedido de liberación del exmandatario.

“Entidades del mundo jurídico estamos preparando una presentación para destituir a Moro por su falta de respeto a la Constitución de Brasil. Tal vez respete otras constituciones, pero la de este país no la respeta en todo lo que tiene que ver con Lula”, dijo el diputado Paulo Teixeira, uno de los abogados que presentó el viernes un pedido de liberación.

El domingo Brasil fue escenario de una batalla judicial. “Este circo de la liberación mostró cómo la elección de octubre capturó a las instituciones brasileñas”, analizó el sociólogo Celso Rocha de Barros en el diario Folha de Sao Paulo.

La controversia se originó con un habeas corpus presentado por el PT a favor de Lula, aceptado por el juez del tribunal de apelaciones de Porto Alegre de turno Rogerio Favreto.

La decisión determinaba que Lula saliera de la sede policial en la ciudad de Curitiba, donde está detenido desde el 7 de abril, pero la Policía federal no cumplió la orden.

Es porque el juez Moro, desde sus vacaciones en Portugal, llamó a la Policía para avisarles que no liberen a Lula, según el diario O Globo.

“Lula estuvo secuestrado entre decisión y decisión”, acusó el jefe del bloque del PT en el Senado, Linbergh Farias.

Favreto lanzó una nueva orden de liberación con plazo de una hora, pero la Policía federal no la acató. Demoró cuatro horas hasta que se pronunció contra el habeas corpus el presidente del tribunal de Porto Alegre, Carlos Thompson Flores.

Lula está condenado a 12 años y un mes de prisión por corrupción porque Moro y el Tribunal Federal 4 de Porto Alegre creen que hay indicios para considerar que fue culpable de recibir un departamento por parte de la empresa OAS como soborno.

Desde el oficialismo que apoya al presidente Michel Temer se acusó a Favreto de actuar por su pasado como afiliado al PT.

Desde el PT, se acusa a Moro de interceder inconstitucionalmente por motivaciones políticas y su cercanía con el gobierno de Temer y políticos del Partido de la Social Democracia Brasileña.

Tras una jornada de pulseada entre el Poder Judicial, los aliados de Lula buscarán las cortes superiores para solucionar el habeas corpus, pero el asunto que realmente puede pacificar la cuestión es el tratamiento de una acción en el Supremo Tribunal Federal sobre si es constitucional que una persona condenada en dos instancias deba cumplir la pena en la cárcel.

La Constitución brasileña impide a una persona ir a prisión antes de agotarse todas la instancias.

El PT, de todos modos, anunció el domingo 8 de julio tras una reunión de su cúpula en Sao Paulo que la candidatura de Lula a las elecciones de octubre se realizará el 15 de agosto con una gran movilización en Brasilia.

“Será un día más de lucha por la libertad de Lula y para defender el derecho de que se presente a elecciones, porque es inocente, víctima de una persecución que puede ser presidente”, mencionó la titular del PT, Gleisi Hoffmann, en conferencia de prensa.

Favorito en los sondeos

Lula, según la última encuesta de Ibope de la semana pasada, marcha con 33% de intención de voto y más del 50% en una segunda vuelta para los comicios del 7 de octubre, seguido por el 15% del ultraderechista Jair Bolsonaro y un 10% de la exministra Marina Silva, ambientalista y evangélica.

La actitud de Moro frente a Lula, de interceder ante la Policía para evitar acatar una decisión de una instancia superior, motivó un pedido de captura contra el magistrado por parte de la ONG Abogados por la Democracia. También pidieron la detención por desacato de los comisarios de la Policía Federal de Curitiba que no ejecutaron en tiempo y forma el habeas corpus a favor del expresidente que gobernó Brasil entre 2003 y 2010. (I)