A las 10:30 de la mañana de ayer, de forma puntual, solemne y protocolaria y en el Salón Verge de Montserrat del Palau de la Generalitat, Artur Mas, los miembros de su gobierno y los partidos que dieron conformidad a la celebración de la consulta independentista oficializaron, con la firma correspondiente del President, la convocatoria del referéndum para el próximo 9 de noviembre.

Tras la firma del decreto, Artur Mas compareció para dirigirse no solo a la ciudadanía catalana. Lo hizo en tres idiomas: catalán, castellano e inglés, para llegar primero al gobierno español, a quien recordó que “Cataluña quiere hablar, quiere ser escuchada y quiere votar”; y en segunda instancia a los líderes europeos para demostrar que “como todas las naciones del mundo, Cataluña tiene el derecho a decidir su futuro político. Pedimos y queremos democracia, diálogo y paz”.  

Madrid inicia trámites

En respuesta a la firma y a las palabras del President Artur Mas, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, dejó clara la posición del Estado y las medidas a tomar en los próximos días: “El referéndum no se va a celebrar porque es anticonstitucional. Ningún gobierno está por encima del Estado soberano, nadie está por encima de la voluntad soberana del conjunto de los españoles”.  

“Al gobierno español le corresponde velar por la democracia y proteger la ley. Por lo tanto, esta mañana hemos iniciado los pasos para promover los recursos de inconstitucionalidad de la convocatoria y para suspenderla automáticamente”, admitió la vicepresidenta, continuando la misma línea del gobierno español a no escuchar la voluntad del pueblo catalán.

Además, Sáenz de Santamaría avisó al president Mas de que la consulta convocada “es un error. Fractura y divide a los catalanes y los aleja de Europa”.

Está previsto que el lunes próximo se reúna el Consejo de Ministros para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pueda plantear los recursos ante el Tribunal Constitucional.

Santamaría advirtió a los organizadores de la consulta de que, una vez que el Tribunal Constitucional admita a trámite los recursos del Gobierno y suspenda la ley de consultas y el citado decreto, no se podrá realizar ninguna actuación tendente a continuar con la celebración del referéndum. “La suspensión es automática”, aseveró.