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La presidenta Dilma Rousseff asume el reto de regular las empresas de comunicación

Ley de Medios, misión quijotesca en Brasil

El 1 de enero Dilma Rouseff asumió su segundo mandato en Brasil, que durará hasta 2019. Foto: AFP
El 1 de enero Dilma Rouseff asumió su segundo mandato en Brasil, que durará hasta 2019. Foto: AFP
05 de enero de 2015 - 00:00 - Pablo Giuliano. Corresponsal desde Sao Paulo, Brasil

El segundo gobierno de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, iniciado el 1 de enero, lanzó como una de sus directrices aprobar una nueva ley para regular la situación monopólica en los medios de comunicación audiovisuales, una iniciativa que prometieron trabar en el Congreso la oposición y varios aliados, en sintonía con las grandes empresas de medios privados del país.

El flamante ministro de Comunicaciones, el exsindicalista Ricardo Berzoini, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), insistió en la necesidad de una “regulación económica, sobre todo en las concesiones públicas”, para evitar situaciones de oligopolio y monopolio.

La campaña electoral triunfadora de Rousseff en las elecciones de octubre pasado mostró que los medios “actúan como medios de la oposición”, en palabras del presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Rui Falcao.

Una ley de medios contra los monopolios es una de las deudas de la democracia brasileña. La Constitución de 1988 tiene tres artículos que reclaman una ley normativa de la actividad de los medios audiovisuales para evitar monopolio y también para marcar pautas en cuestiones como publicidad, acceso a la información y contenido para niños, por ejemplo.

En la mente de todo brasileño, las palabras ‘monopolio de medios’ están identificadas con el mayor conglomerado de prensa de América Latina y el quinto del mundo, la cadena Globo, que en 2015 cumplirá 50 años de vida como la gran ‘educadora’ de las familias desde 1965, cuando al calor de la dictadura familiar Marinho pasó a comandar desde las novelas y las noticias la agenda de gran parte de los ciudadanos.

Globo pidió el año pasado oficialmente en las páginas de sus diarios perdón por haber apoyado el golpe de 1964, que instaló una dictadura militar hasta 1985.

En los años noventa, cuando primó el neoliberalismo de la mano del gobierno del sociólogo progresista Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), surgió una anécdota que ilustra cómo una decena de familias controla la información, los gustos y los destinos de la masa de la población. En una reunión con dueños de diarios y revistas, Cardoso les pidió que sean menos oficialistas, que necesitaba de críticas para mejorar el trabajo de varios ministros.

En un reciente debate, Cardoso dijo que una agencia reguladora sobre los medios como en Inglaterra o Portugal “en Brasil carecería de credibilidad”. Y cuando se le preguntó por una ley de medios, respondió: “Yo no acostumbro a hablar sobre mis amigos”.

La situación de monopolio es alertada por los órganos de la ONU y por Reporteros Sin Fronteras, que hizo un informe lapidario sobre la propiedad de los medios llamando a Brasil como el país de “decenas de Berlusconis”, en relación al exprimer ministro italiano que creció al calor de su imperio mediático.

El colectivo Dados da Midia (Datos de Medios) reveló que 271 políticos brasileños son socios o directores de 324 medios de comunicación, algo prohibido por la Constitución pero sin ley que regule el asunto.

Globo, por ejemplo, tiene 340 medios de comunicación y 35 grupos afiliados, de acuerdo a esta fuente, seguido por la SBT del magnate Silvio Santos, con 195.

En Brasil las frecuencias de radio y televisión son concesiones públicas que se les otorga, sin ley para su uso, a los grupos privados.

El Grupo Abril, de la revista opositora Veja, calificó de ‘bolivariano’ el intento de una ley de medios del partido de Rousseff y de Luiz Lula da Silva esbozado por Berzoin, una calificación que busca agredir ideológicamente a naciones vecinas que lograron una nueva legislación mediática.

Lo anterior se da en el marco de profundas divergencias sobre el tema en el gobierno. Durante su primera gestión, Rousseff evitó abordar el asunto diciendo que la mejor ley “es el control remoto”.

Ahora, a raíz del escándalo de corrupción en Petrobras, habló sobre intereses ocultos contra la petrolera, a los que calificó de “depredadores internos”.

Al asumir en el cargo, Ricardo Berzoini afirmó que cualquier proyecto “garantiza el derecho constitucional de libertad de expresión”. “Estamos hablando de democratizar”, dijo el nuevo ministro. “Nosotros le daremos al gobierno la sustentación parlamentaria, pero estamos en contra de cualquier reglamentación de los medios”, dijo el diputado Eduardo Cunha, jefe del bloque  del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), del vicepresidente Michel Temer.

La ley de medios amenaza así a la propia coalición oficialista que rige desde 2003 como sustento para los gobiernos del PT, el único partido de los grandes que tiene un proyecto sobre este asunto.

Al aliado PMDB, donde se concentran legisladores dueños de medios regionales y defensores de los grandes grupos, conocidos como integrantes del ‘Bloque de la Globo’, se le sumó el PSDB de Cardoso y del candidato derrotado Aecio Neves.

El senador Aloysio Nunes, candidato derrotado a la vicepresidencia con Neves, disparó: “El gobierno lleva adelante un intento criminal para controlar a la prensa”.

Para la asunción de Rousseff uno de los invitados más importantes fue el presidente de Uruguay, José Mujica, quien envió en diciembre un proyecto de ley al Congreso para reglamentar los medios en su país y evitar acciones monopólicas. “Creo en la regulación, no podemos crear situaciones para permitir que vengan grupos como los de Carlos Slim, Clarín o Globo”, indicó.

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