Un año después del juicio político que destituyó en el Senado brasileño a Dilma Rousseff, el país bajo el mando de Michel Temer entró en una crisis aguda, con el gobernante acusado de traidor y golpista, con el 95% de rechazo a su gestión y los problemas económicos sin ser resueltos.

El abogado de Rousseff, el exministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, considera que aún hay chances, remotas, de que el Supremo Tribunal Federal anule el juicio político. Sobre todo porque la trama de corrupción investigada en la Operación Lava Jato indica que hubo sobornos para consolidar una mayoría en la Cámara de Diputados, donde su expresidente, el hoy preso Eduardo Cunha, aliado de Temer, abrió el proceso de destitución de Rousseff.

Cardozo, dirigente del Partido de los Trabajadores y exabogado del gobierno, dialogó en Sao Paulo con EL TELÉGRAFO sobre el primer año sin Rousseff y la inestabilidad institucional, a la que vincula con la falta de legalidad del juicio político y al eco de que el grupo político de Temer tomó el poder para intentar controlar la Operación Lava Jato.

¿A un año del juicio político de Rousseff por cuestiones contables en el presupuesto, cuál es la evaluación que hace tras haber sido la cara ante el país y el mundo de la defensa de ella?

Aquello que hablábamos en el juicio político lamentablemente se confirmó. Ningún gobierno surgido contra la democracia podría sacar al país de la crisis.  La crisis se agravó. Tenemos a un presidente acusado por corrupción en el mandato, con su gabinete en pleno alcanzado. Dilma, honesta y sin ninguna cuestión de corrupción, fue destituida por un asunto técnico sin sentido. Fue un golpe parlamentario. Dilma fue destituida indebidamente.

Hace 11 meses que usted presentó un recurso (llamado mandato de seguridad) ante la corte para anular el juicio político por considerarlo un desvío de poder del diputado Eduardo Cunha, hoy preso, para sacar a Rousseff como forma de proteger a su grupo político (el PMDB de Temer)...

Tenemos un recurso que espera que la Corte Suprema lo juzgue. Los principales argumentos es que no había motivo para considerar delito las llamadas ‘pedaladas fiscales’, algo que hicieron todos los presidentes para alterar las prioridades de ejecución del presupuesto. Es una situación presupuestaria sin ilegalidad ni dolo incluso.

Pero lo que realmente apuntamos es el desvío de poder con el cual se inició esto. El diputado Cunha desde la jefatura de Diputados abrió el impeachment para no ser procesado. Muchos se unieron a él porque Dilma no controlaba la Operación Lava Jato. Dijeron que debían sacarla para evitar la sangría de la clase política.

Pero la Operación Lava Jato no pudo ser detenida, aparecieron otras investigaciones, como la delación de JBS.

Se juntó Temer, vicepresidente, con los perdedores de las elecciones de 2014 vencidas por la presidenta Dilma. Uno de los objetivos era parar la Operación Lava Jato. Cunha tuvo un papel clave porque Dilma obstruía el desvío de dinero público. Tiene que ser investigado cada vez más. Se hace evidente esto y aumenta la tragedia democrática que ocurrió en Brasil con el impeachment usado como golpe parlamentario.

Por un lado, usted acusa a los conservadores de usar el impeachment para detener la Operación Lava Jato, que con la condena contra Lula amenaza con no dejar participar al expresidente en 2018 en caso de que se confirme la condena.

No tengo la menor duda de que la Operación Lava Jato fue importante en el combate a la corrupción. Pero hay situaciones abusivas como la sentencia del juez Sergio Moro contra el expresidente Lula. No hay pruebas en el fallo, era un caso claro de absolución. Todo el medio jurídico considera que no había pruebas.

¿Usted como un jurista respetado, exministro de Justicia y exparlamentario, cómo evalúa institucionalmente el resultado de Brasil a un año del impeachment?

Existe un teórico estadounidense que considera que el impeachment equivale a un terremoto político. Desde él, las instituciones no funcionan, hay una inseguridad jurídica inmensa, abuso de poder, fruto de una situación de afectar a la institucionalidad, las instituciones en Brasil perdieron el rumbo desde el impeachment.

¿Cómo analiza al gobierno de Temer y su nueva alianza de gobierno, con amplio control del Congreso?

Un desastre en todo sentido, siguió el programa del adversario de Dilma, siguió el programa del derrotado candidato Aécio Neves. Ellos han tenido una agenda retrógrada, es para asustarse.

El símbolo de ese gobierno fue el primer día, sin mujeres, ni negros en el gabinete. Estamos viendo ofensas a los trabajadores, ataques a las áreas indígenas, es un gobierno violador de derechos y siguen en la forma opuesta a lo que votó el pueblo.

Un gobierno que efectivamente piensa en conservarse en el poder para satisfacer al mercado financiero, un gobierno predatorio inconsecuente y absolutamente aislado. Dilma era incómoda para este tipo de clase política. (I)