La Habana / Bogotá.- En el marco de los diálogos de paz que se realizan en La Habana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) abogan  ante el gobierno colombiano por la implementación de una  política antinarcóticos en el contexto de una reforma rural integral. Además, proponen que la legislación incluya la legalización de cultivos de marihuana, amapola y hoja de coca, así como suspender el otorgamiento de títulos mineros y de concesiones para la exploración y la extracción petrolera en el país.

En estos momentos, las conversaciones de paz entre las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos discurren sobre la cuestión de las drogas ilícitas, tercer tema en tratarse de una agenda de seis puntos, luego de que en 2013 ambas partes alcanzaran acuerdos esenciales en la cuestión agraria y la participación política.

En este contexto y a través de un comunicado, la insurgencia destacó que en la visión de los campesinos “no es la erradicación forzada y las fumigaciones aéreas, que envenenan los campos, lo que resolverá el problema” de los cultivos ilícitos.

DATOS

Según datos de instituciones oficiales, en lo que va del año tan solo se han arrancado un poco más de 17.000 hectáreas sembradas con coca, cuando el objetivo era ‘limpiar’ 35.000. Además la fumigación, que año a año superaba las 100.000 hectáreas, hasta ahora no alcanza las 70.000.

El Gobierno y la Policía Antinarcóticos reconocen que la caída podría impactar el nivel de reducción histórico de 2012, cuando se pasó de 64.000 hectáreas a 48.000Por ello, en el contexto del XXII ciclo de los diálogos de paz desarrollados desde noviembre de 2012 en esta capital, las FARC consideraron que “hay que iniciar con redefinir los lineamientos de una nueva política antinarcóticos con enfoque humanizado”.

En ese sentido, manifestaron que tal política debía comprometerse con un programa de sustitución (de cultivos ilícitos) participativo, concertado, gradual, ambientalmente sostenible, que se inscriba en los marcos de una reforma rural integral profunda, estructural, que permita el bienestar y buen vivir de las comunidades rurales.

Ello implica ligar estos programas de sustitución con el conjunto de la reforma rural integral, a la planeación y ordenamiento territorial, al fortalecimiento de la economía campesina, dentro de tiempos y procedimientos que ayuden a los afectados a salir de la miseria que los agobia, aseveraron las FARC.

Desde enero, la guerrilla expuso detalladamente su política antidrogas, contraria a la visión del Ejecutivo de erradicación forzosa de cultivos ilícitos a través de la llamada guerra contra las drogas, que las FARC rechazan por su impacto negativo en la población y medio ambiente.

Por su parte, la iniciativa insurgente prevé la sustitución de los usos ilícitos de la hoja de coca, amapola y marihuana, mediante programas de desarrollo alternativo que garanticen ingreso, bienestar y trabajo digno a las comunidades, y con la intervención directa del Estado para regular la producción y el mercado de tales cultivos. La ONU estima  en 48.000 las hectáreas cultivadas en Colombia con cocaína.

El reordenamiento de la tierra para la soberanía alimentaria y abastecimiento de la población, el derecho al agua y la protección de fuentes hídricas y la creación de nuevos asentamientos rurales, son otras de las medidas del pliego de propuestas planteado por la guerrilla comunista.