La oposición venezolana se tomó ayer calles de Caracas y otras ciudades, y elevó su desafío al presidente Nicolás Maduro, quien prohibió las manifestaciones que afecten la elección, este domingo, de una Asamblea Constituyente.

En medio de la lluvia, pequeños grupos comenzaron a bloquear vías de la capital desde el mediodía, tras concluir en la mañana una huelga general de 48 horas que dejó ocho muertos.

Algunas trancas también se registraron en la ciudad de San Cristóbal, en la frontera con Colombia. Tras finalizar la huelga, el tráfico fluía ayer con normalidad en Caracas, donde amplios sectores permanecían desolados desde el miércoles. Muchas barricadas fueron levantadas y el comercio volvió a abrir.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó el jueves a mantener las protestas de calle hasta mañana, día de la votación. Será una abierta confrontación, pues el Gobierno prohibió las movilizaciones que afecten la elección de los 545 constituyentes y amenazó con cárcel de 5 a 10 años a quienes la boicoteen, medida rechazada por Amnistía Internacional.

La cifra de fallecidos en cuatro meses de protestas ascendió a 113, luego de que la Fiscalía confirmara ayer la muerte de un policía que recibió un disparo en la cabeza el jueves en Ejido, estado Mérida (oeste).

La ONG Foro Penal reportó medio centenar de detenidos el jueves, entre ellos Wuilly Arteaga, un joven de 23 años que habitualmente toca el violín en las manifestaciones, arrestado por militares en Caracas. “Tenemos que prepararnos para profundizar el conflicto. El régimen no ha dado muestras de que vaya a suspender ese proceso”, afirmó el diputado Freddy Guevara.

La Constituyente aumentó la tensión en un país polarizado y sumido -pese a su riqueza petrolera- en una profunda crisis, con brutal inflación y grave escasez de alimentos y medicinas.

Temerosos de que falte la comida y haya mayor caos y violencia, muchos venezolanos se abastecieron de alimentos y miles cruzaron la frontera hacia Colombia.

En tanto, Estados Unidos dispuso que los familiares de sus diplomáticos salgan de Venezuela, y Canadá recomendó a sus ciudadanos evitar viajar a este país y salir a los que ya están.

Maduro, cuya gestión es rechazada por 80% de la población según la firma Datanálisis, asegura que la Constituyente traerá paz. Además, busca la recuperación económica con propuestas como la elevación a rango constitucional del control de precios y la distribución de alimentos subsidiados. Para los opositores será la bancarrota.

Días antes de la elección, el gobierno estadounidense de Donald Trump sancionó a 13 funcionarios y militares venezolanos, entre ellos la presidenta del poder electoral, Tibisay Lucena, acusándolos de “minar la democracia” y de actos de violencia o corrupción.

Pero Maduro ratificó que la Constituyente no tiene marcha atrás. El mandatario acusa a sus adversarios de intentar un golpe de Estado con apoyo de Washington, y acusa de sumisión al “imperio” a gobiernos de Latinoamérica y Europa que pidieron frenar la Constituyente.

El presidente también planteó a la MUD iniciar un diálogo antes de la votación.

Para sacar adelante su proyecto, Maduro cuenta con apoyo del máximo tribunal de justicia, del poder Electoral y de los militares, a quienes ha dado gran poder político y económico.

Su iniciativa, vital para su permanencia en el poder, provocó una fractura en el chavismo, encabezada por la fiscal general Luisa Ortega, quien aseguró que Maduro quiere seguir gobernando sobre “ruinas”.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, insistió ayer en que es necesario que se detenga el proceso de convocatoria a la Asamblea Constituyente.

De acuerdo con Almagro, el Gobierno de Caracas “ha decidido de manera ilegal convocar a los venezolanos a una elección viciada de nulidad”, y por lo tanto la Asamblea resultante es “ilegítima”.

El segundo secretario de la embajada de Venezuela en Panamá, Gabriel Pérez, renunció a su cargo por estar en desacuerdo con la línea política del gobierno de Maduro, informó Jorge Durán, representante de la legación.

Una elección sin rival

La MUD decidió no participar, alegando que la Constituyente no fue convocada en referendo y que el sistema comicial fue diseñado para que el Gobierno la controle y haga una Carta Magna a su medida para instaurar una dictadura.

Según los analistas Colette Capriles y Benigno Alarcón, el rechazo interno y externo a la Constituyente afecta su legitimidad.

Por ello, movilizando a sus bases y controlando si votan los beneficiarios de programas sociales, el Gobierno busca evitar la abstención, tras los 7,6 millones de votos que la MUD asegura logró en el plebiscito simbólico que hizo hace dos semanas contra esa iniciativa.

Pero debido al método de elección, que combina sufragio por territorios y sectores sociales, el 62% de los 19,8 millones de electores podrá votar dos veces, según el experto Eugenio Martínez, lo que dificulta el cálculo de participación.

El 70% de venezolanos rechaza la Constituyente, según la encuestadora Datanálisis. (I)

DATOS

El “dólar negro” en Venezuela superó ayer los 10.000 bolívares por unidad, lo que representa una devaluación de 90,29% para la moneda nacional en el último año.

La divisa estadounidense se cotizaba a 10.389,79 bolívares en el sitio web DolarToday, principal referente del mercado paralelo, frente a los 1.008,82 del 28 de julio de 2016.

De los 18 años de Gobierno bolivariano, 14 han estado bajo régimen de control de cambio. Pero esto no ha detenido la fuga de capitales. Las reservas internacionales se ubican en poco más de $ 10.000 millones. El Gobierno devaluó la moneda, el bolívar, en mayo pasado, llevando la tasa de cambio más alta de 720 a 2.010 bolívares por dólar. Mientras el dólar en el mercado negro escaló a 8.500 bolívares, el Gobierno mantiene una segunda tasa cambiaria, preferencial, de diez bolívares por dólar. (I)