Sentar a la infanta Cristina de Borbón frente a un tribunal de justicia bajo una única acusación “vulnera sus derechos fundamentales”. Así lo explicó ayer Jesús María Silva, letrado de la hermana del rey de España al inicio del proceso en su contra y otros 16 encausados del Caso Nóos, entre ellos su marido Iñaki Urdangarín, antes de pedir la “nulidad de apertura del juicio oral” para su patrocinada.

Muy alterado, a veces con cierta vehemencia, Silva atacó con dureza  la acusación particular, el colectivo Manos Limpias al que algunos relacionan con la extrema derecha, de la que dice no tiene “legitimación” para actuar contra la hija mediana de Juan Carlos I. El jurista invocó  la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y no solo por el antecedente penal por el que se exculpó al banquero Emilio Botín de un delito monetario. “No existe la posibilidad de personación de un acusador particular”, ha dicho  hasta en cuatro ocasiones diferentes.

En su intervención, de apenas 15 minutos, el letrado insistió en que “ni el Ministerio Público y la Abogacía del Estado ven delito alguno” en la actuación de su cliente.

Cristina de Borbón fue ayer la protagonista indiscutible del arranque de un juicio que se alargará hasta junio y que puede acarrearle una pena de 8 años de cárcel si se demuestra que fue “cooperadora necesaria” de los delitos fiscales de Urdangarín, quien ocultó al fisco casi 350.000 euros entre 2006 y 2009. La exduquesa de Palma ocupó el discreto lugar que le habían reservado en la sala, separada de su marido que se enfrenta a una petición fiscal de 19,5 años de cárcel por una inacabable lista de delitos monetarios, desde la malversación de capitales a la estafa y la falsificación.

La infanta, visiblemente afectada por el mal trago de enfrentarse a la justicia, está convencida de que el de ayer fue el único día que tendrá que comparecer ante las tres magistradas del caso. Sus letrados, pertenecientes a un poderoso e influyente bufete de Barcelona, no dudan de que así será si, como reclamaron, las juezas le aplican la ‘doctrina Botín’ del Tribunal Supremo, aquella según la cual nadie puede ser procesado por fraude si los presuntos damnificados de ese delito no se sienten perjudicados ni reclaman nada. Su defensa, además, cuenta con la inestimable ayuda del fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, quien utilizó idéntico argumento para exculpar a la hermana del rey de cualquier cargo penal.

Sin embargo, Cristina de Borbón aún deberá esperar hasta el 9 de febrero para conocer si comparece como imputada en este macroproceso que también afecta a varios dirigentes del gobernante PP. Durante este tiempo, las magistradas Samantha Romero, Eleonor Moyá y Rocío Martín deberán resolver una compleja cuestión jurídica sometida a una presión asfixiante.

La vista, que comenzó a primera hora de la mañana en medio de una inusitada expectativa, se trasladó a un polígono industrial a las afueras de Palma de Mallorca rodeado por un cuádruple cordón de seguridad, similar al que se despliega durante la celebración de una cumbre internacional. La imagen del primer miembro de la familia real española sentado en un banquillo convierte a este juicio en el más mediático de la historia de España pese a que ninguno de los 18 imputados intervendrá hasta el 9 de febrero. (I)