Los últimos acontecimientos violentos en Iguala (Guerrero) donde desaparecieron 43 estudiantes, y en Tlatlaya (México D.F.) donde 22 personas fueron asesinadas, hundieron la confianza y credibilidad ciudadana en las instituciones del Ejército mexicano y de la Marina, al caer en 5% de su prestigio. De acuerdo con los datos registrados en un sondeo telefónico realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados.

En este estudio, realizado por tercer año consecutivo y aplicado en el mes de octubre al desempeño de 33 instituciones, el Cesop advierte que la mayoría de las instituciones muestran una ligera tendencia a la baja respecto al año anterior, según publicó el portal El Financiero.com.mex.

Unas de las causas de esta desconfianza sería la supuesta participación de los uniformados en hechos de violencia. En este sentido, el movimiento global  que lucha por los derechos humanos, Amnistía Internacional (AI), informa que más de 1.500 personas presentaron una denuncia por torturas o malos tratos por las autoridades en 2013, representando un aumento del 600% respecto al número de denuncias en el 2003. Las quejas incluyen acusaciones de palizas, amenazas de muerte, violencia sexual, descargas eléctricas y estado cerca de la asfixia.

Gerardo Rodríguez, consultor en seguridad, cree que las fuerzas castrenses sufren “un desgaste natural de imagen” tras 8 años  de estar involucradas en la lucha contra el narcotráfico, en los que más de 100.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas por la violencia generada en el país.

Juez ordena prisión a 7 militares

En una inusual declaración, el secretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, dijo esta semana que el Ejército no se amedrentará “por juicios injustos, algunos sin duda erróneos, carentes de fundamento, malintencionados y que la institución armada nacional no merece”. El mensaje llegó poco después de que un juez civil ordenó la prisión formal de 7 militares implicados en la muerte de 22 personas en el marco de un enfrentamiento con presuntos secuestradores el 30 de junio en Tlatlaya, a 240 km al sur de Ciudad de México.

El Ejército informó primero que todas esas muertes se produjeron en la balacera, pero una sobreviviente reveló en septiembre que la mayoría de los fallecidos fueron asesinados a sangre fría después de rendirse, desatando un escándalo.

Las declaraciones de Cienfuegos obedecen a que el Ejército siente que no hay una adecuada “cobertura política de parte del poder civil”, señaló Javier Oliva, especialista en seguridad de la pública Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El caso de Tlatlaya se considera uno de los más graves abusos de militares contra civiles, desde que en 2006 el entonces presidente Felipe Calderón involucró a los militares en la lucha contra el narcotráfico.

Calderón justificó esa decisión ante la debilidad y corrupción en los cuerpos policiales locales, un problema que volvió a quedar al descubierto en septiembre con la desaparición de 43 estudiantes a manos de policías y narcotraficantes en Iguala (Guerrero).

Sin certeza jurídica

Oliva y otros analistas coinciden en que los militares fueron enviados a la arriesgada lucha contra el narcotráfico sin un marco jurídico adecuado.

Unos 8 años después “ni el poder civil, ni el legislativo, ni el judicial se han tomado la molestia de dar certeza jurídica” a las fuerzas armadas, indicó.

Un marco jurídico adecuado debería considerar un mandato temporal por parte del Congreso para la estancia de los soldados donde haya necesidad, señaló Gerardo Rodríguez, consultor en seguridad.

También debe prever si algunas garantías individuales podrían verse afectadas y regular sus operativos, agregó este miembro de la organización Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia.

Tras una solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Senado mexicano modificó en abril el código de justicia para que los soldados que cometan abusos sean juzgados por tribunales civiles.