Washington.- La agencia estadounidense de noticias Associated Press (AP) denunció ayer que el Departamento de Justicia realizó grabaciones secretas de las llamadas telefónicas de reporteros y editores de la compañía.

El episodio generó un escándalo en Washington y llevó a preguntas sobre la forma en que el gobierno del presidente Barack Obama equilibra la necesidad de reforzar la seguridad nacional frente a los derechos de privacidad. “Una intromisión enorme y sin precedentes en cómo los medios consiguen las noticias”, escribió el presidente de AP, Gary Pruitt, en una carta de protesta dirigida al fiscal general, Eric Holder.

Las escuchas fueron realizadas durante dos meses, abril y mayo de 2012, a 20 líneas telefónicas en tres oficinas de la agencia en Nueva York y Washington, donde trabajan más de 100 personas, detalló Pruitt tras indicar que “no hay justificación para esa enorme recopilación de comunicaciones”.  

“El Gobierno de Estados Unidos pudo conseguir con esos datos una perspectiva detallada del trabajo de la agencia sin que estuviera facultado para ello. Consideramos ese trato del Departamento de Justicia como una injerencia en el derecho constitucional de AP a recabar y dar noticias”, agrega la carta.

Aunque se desconocen los motivos de las escuchas, AP recuerda que hay abierta una investigación criminal para saber quién pudo suministrar la información con la que la agencia publicó el 7 de mayo de 2012 que la CIA había desbaratado un plan terrorista de Al Qaeda en Yemen contra un avión que iba a volar a los Estados Unidos.

Cinco periodistas y un editor involucrados con el artículo estaban entre los afectados por las incautaciones, puesto que sus números telefónicos fueron obtenidos por el gobierno, informó AP.

La Casa Blanca se deslinda

El secretario de prensa de la administración de Obama, Jay Carney, dijo que la Casa Blanca no participó en la decisión.

Por su parte, el secretario Eric Holder aclaró que se separó de la investigación del Departamento de Justicia desde el principio, por lo que desconoce los detalles del requerimiento que condujo a registrar las llamadas telefónicas de AP, el cual fue dirigido por el subsecretario de su departamento, James Cole.

El fiscal aseguró que, al separarse de la investigación, él quiso  que fuese independiente y evitar un conflicto de intereses con los medios.

En respuesta a las duras críticas de la violación de los derechos de los medios de prensa, Holder sostuvo que ha “sido fiscal desde 1976. Y que esta es una de las más graves (infracciones) que  haya visto”. Es un asunto “muy grave” y  “pone a los estadounidenses en riesgo”, agregó.

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) calificó ayer de “infracción grave” a la libertad de información la “violación de las comunicaciones telefónicas”  cometida contra reporteros de la AP. “Reporteros Sin Fronteras pide al Departamento de Justicia que acceda sin demora a la petición de AP de entregarle -o destruir- los datos de los teléfonos.

Estimamos también que hechos tan contrarios a las garantías constitucionales exigen un examen ante una comisión de investigación del Congreso”, agrega RSF en un comunicado.

Además, la organización con sede en París “constata con preocupación que la administración federal actual no ha roto las prácticas en vigor durante el doble mandato de George W. Bush, que sacrificaron los datos privados y, sobre todo, el derecho de los ciudadanos a estar informados”.

Políticos de ambos partidos han criticado el procedimiento de la administración Obama. El senador demócrata Patrick Leahy, presidente del Comité Judicial de la Cámara Alta, declaró que las acusaciones “son preocupantes” y que espera las explicaciones del gobierno.

El republicano Darrell Issa, presidente del Comité de Supervisión Gubernamental de la Cámara de Representantes, afirmó que el gobierno “estaba obligado a buscar información en cualquier sitio antes de interferir con la libertad de prensa”.