En el lugar hay un ataúd vacío frente al edificio de la Procuraduría General de la República. A su alrededor, personas con fotografías y flores; hombres con rostros demacrados de dolor y una joven viuda con la foto de su esposo entre las manos.

Exigen que las autoridades les entreguen el cuerpo de Julio César Mondragón Fontes, estudiante de Ayotzinapa, quien fue brutalmente asesinado en Iguala, estado de Guerrero, la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Aquella noche, el normalista corrió para salvar la vida en medio de un ataque de hombres armados, pero lo alcanzaron verdugos a quienes no les bastó asesinarlo: también lo torturaron arrancándole la piel del rostro, ojos y orejas.

Desde entonces, sus familiares han transitado un calvario que parece no tener fin. Enfrentaron varios actos de intimidación, intentos de soborno y el dolor exacerbado por un acta de defunción según la cual las heridas en el rostro fueron causadas por “fauna nociva”, versión declarada inverosímil por expertos en la materia. Aunque 30 personas han sido imputadas por el caso, aún no hay avances en las investigaciones y los familiares pidieron la exhumación de su cadáver a fin de acercarse a la verdad.

Con orden judicial, los restos de Julio César Mondragón fueron desenterrados el 4 de noviembre de 2015 y desde entonces permanecen bajo custodia de las autoridades. “Han pasado tres meses sin que hayan tocado el cuerpo”, reclamó Sayuri Herrera, abogada de la familia del joven asesinado. Denunció que los restos “están dentro de un refrigerador (de la Coordinación General de Servicios Periciales de PGR) sin que les hagan la prueba de ADN”.

Habló de un proceso alentado “por falta de voluntad” de las autoridades, ya que la propia familia del joven asesinado tuvo que ocuparse de notificar a los 30 imputados, recluidos en diversas cárceles, y no se han practicado peritajes sobre el cadáver “porque el juez y su secretaria se fueron de vacaciones sin dejar instrucciones” a otros funcionarios.  

Para la familia de Julio César, levantar la voz y no resignarse ha significado más dolor. Así lo admite otro de sus tíos, Cuitláhuac Mondragón Fontes, pero asegura que no se arrepienten: “Lo hacemos para que esto cambie y nuestros hijos, como los hijos del vecino y sus futuros hijos, vivan en un país libre. No es un acto de venganza sino de reconstrucción social”.

Después del funeral simbólico frente a la PGR y con el ataúd vacío a cuestas, tíos, cuñada y viuda del normalista se unieron a la protesta al cumplirse 16 meses de los ataques en Iguala. Como cada día 26, familiares y compañeros de los tres estudiantes asesinados, dos heridos de gravedad y 43 desaparecidos marcharon por las calles de la capital para exigir verdad, justicia y aparición con vida de los muchachos. (I)