Los negocios familiares le están dando un gran dolor de cabeza al presidente argentino Mauricio Macri. Ya no son solo las más de 40 empresas offshore que aparecieron en los ‘Panama Papers’. Ahora, un fiscal lo imputó por un escandaloso acuerdo entre el Estado y el Grupo Macri por una deuda millonaria que esa sociedad dejó al abandonar la concesión del privatizado Correo Argentino, herencia de la era neoliberal de Carlos Menem  (1989-99).

Pero, ¿por qué la imputación? Porque el Estado no solo le permitirá al grupo familiar del presidente pagar en cómodas cuotas, sino que además le condonó el 98,2% del total de la deuda, sumando intereses, según la grave acusación. Las reacciones de condena de la oposición y la sociedad en general, según reflejan sondeos, fueron inmediatas.

Según el plan, la empresa se comprometió a pagar su deuda con el Estado en 15 cuotas anuales, pero recién desde 2018 y hasta 2033 y con un interés del  7% solo sobre el capital de la deuda. En concreto, un monto total de 600 millones de pesos ($ 37,5 millones).

La fiscal de la Cámara del fuero comercial, Gabriela Boquin, estimó enseguida que el acuerdo significaba una quita del 98,2 % de la deuda total porque omitía los intereses que debían devengarse desde 2001, cuando el Grupo Macri abandonó la concesión del Correo tras dejar de pagar el canon anual (de $ 50 millones) pautado con el Estado y entró en concurso preventivo. En realidad solo abonó una cuota tras la privatización de la empresa en 1997. Finalmente el Correo volvió a manos estatales durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007).

Boquin dictaminó que el acuerdo debía rechazarse “porque era abusivo” e implicaba un perjuicio al patrimonio estatal de 70.163 millones de pesos ($ 4.385 millones) hasta 2033. Lo curioso fue que días antes de formalizarse la propuesta la empresa Correo Argentino S.A. le inició una demanda al Estado por daños y perjuicios. O sea, el Estado cerró un acuerdo permitiendo a la contraparte iniciarle acciones legales.

La de Boquin no fue la única opinión adversa. El fiscal federal Juan Pedro Zoni no se quedó de brazos cruzados e imputó al presidente Macri, a su ministro de Comunicaciones, Óscar Aguad; y al exdirector de Asuntos Jurídicos de ese despacho que negoció el acuerdo, Juan Manuel Mocoroa. La denuncia será  investigada por el juez federal Ariel Lijo. Según el fiscal Zoni, “se observa que el interés público no habría sido protegido”.

“En la presente investigación se deberán verificar las responsabilidades penales que podrían caberle a los distintos actores que intervinieron a lo largo de la totalidad de la tramitación del proceso judicial aludido”, sostuvo el fiscal.

Correo Argentino S.A. es controlada por Sideco S.A., a su vez asociada a Socma S.A. (Sociedad Macri), el grupo insignia del grupo familiar y a cuya cabeza está Franco Macri, el padre del mandatario.

Un sondeo de la encuestadora Analogías reveló que el 63% de los habitantes de la provincia de Buenos Aires, donde reside un tercio de la población del país, considera este acuerdo como “un acto de corrupción”.

El Gobierno decidió entonces que ya era hora de pronunciarse sobre el caso. El martes pasado, en una rueda de prensa, el jefe de gabinete, Marcos Peña, y el ministro Aguad, imputado por el fiscal en la causa, aseguraron que el presidente nunca supo ni fue informado sobre el acuerdo, algo que la oposición en su conjunto no cree.

Peña incluso dijo que el acuerdo sea investigado por la Oficina Anticorrupción. “El presidente es el primero que quiere dejar claro este tema porque no vino a esto, no es un negocio, no es algo que le convenga a la familia”. Y agregó: “Acá no hay un hecho consumado, no hay una condonación de una deuda, hay un proceso judicial en marcha. Llegado el momento, si la Cámara dice ‘está mal este acuerdo’, está perfecto porque para nosotros no es una discusión política, es una discusión judicial y técnica. En todo caso habrá sido una mala negociación, pero mejor que planchar (dejar archivado) el tema durante 15 años”.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en cuya presidencia no se acordó el pago de la deuda del Grupo Macri, tuiteó: “La escandalosa quita de 70.000 millones que el presidente hizo al Grupo Macri es parte de la respuesta a cómo se hacen millonarios estos millonarios”.

No fue la única. El diputado y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, pidió deshacer el acuerdo. “Se trata de mucho dinero y cuando a un jubilado se le dice que no hay plata para mejorarle la jubilación, que después el Estado le perdone miles de millones a una empresa que además es del papá del presidente suena, cuanto menos, incómodo”.

Pero más allá de las críticas opositoras y defensas del Gobierno, lo que más llama la atención a los argentinos es el silencio de la diputada oficialista Elisa ‘Lilita’ Carrió, devenida para el Ejecutivo en un ‘símbolo’ de la lucha contra la corrupción kirchnerista. (I)