El jefe de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, autorizó este miércoles la apertura de un juicio político con fines de destitución contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, tras considerar procedente una acusación contra la mandataria por irregularidades fiscales ocurridas en 2015.

"Es autorizar la apertura, no dar un juicio de mérito; será la comisión especial que podrá acoger o rechazar" el pedido de impeachment", dijo a periodistas Cunha.

En la rueda de prensa, el presidente de la Cámara aclaró que no encontró ninguna objeción para rechazar la acusación y en la que dijo lamentar haber autorizado un proceso que, en su opinión, el país "necesitaba enfrentar".

La decisión de este poderoso legislador evangélico investigado por corrupción en el marco del megafraude a la estatal Petrobras, deberá ahora ser analizada por una comisión de diputados. Si ésta le da luz verde, será votada en el plenario de la Cámara baja.

Con 342 aprobaciones del total de 513 diputados, Rousseff puede ser apartada de su cargo a poco de haber asumido su segundo mandato el 1 de enero pasado.

El paso inicial para un eventual juicio político a la presidenta sumerge a la séptima economía del mundo en una crisis de final incierto tras un año turbulento.

A esto se suma una profunda crisis económica: Brasil atraviesa una recesión que durará dos años consecutivos según todo pronóstico, la más larga desde 1930-1931.

El pedido de impeachment aceptado por Cunha contra la mandataria fue realizado por un grupo de juristas independientes -incluido un exfundador del PT, Helio Bicudo- que la acusan de haber maquillado las cuentas públicas para cubrir falencias de su gestión, considerado un "crimen de responsabilidad" que conlleva una pena de inegibilidad.

Esa presentación cuenta con el apoyo de diversas fuerzas opositoras, entre ellas la del PSDB (centro-izquierda), cuyo candidato Aecio Neves perdió el balotaje contra la actual presidenta en 2014 por un margen de apenas 3%.

El pasado 13 de noviembre, miles de estudiantes, sindicalistas e integrantes de movimientos sociales exigieron en protestas en Brasilia la renuncia de Cunha a la jefatura de la Cámara baja.

Tras ser acusado por la Fiscalía de cobrar sobornos en un megaescándalo de corrupción en la estatal Petrobras, Cunha, integrante del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), el partido de coalición que gobierna junto a Rousseff, declaró la guerra abierta al Ejecutivo.

Su situación se volvió más delicada cuando salió a la luz una nueva investigación de la Fiscalía por tener 16 millones de dólares depositados en cuentas en Suiza no declaradas al fisco. (I)