Diez años después de la invasión estadounidense, Irak sigue buscando su rumbo ante la inestabilidad política y la persistencia de la violencia, que ha aumentado tras la retirada de las tropas de Estados Unidos en diciembre de 2011.   

Con el argumento falso de que el Gobierno de Sadam Husein tenía armas de destrucción masiva y nexos con los extremistas de la red terrorista Al Qaeda, Estados Unidos, bajo la administración de  George W. Bush,  se embarcó el 20 de marzo de 2003 en la guerra de Irak, en medio de una fuerte oposición internacional. Este conflicto costó la vida a más de 4.500  soldados y cerca de un billón de dólares.  

Tras el derrocamiento de Hussein  y la invasión estadounidense se instauró un nuevo sistema político y una Constitución que no han conseguido devolver el país a la normalidad. El cambio estableció la separación de poderes y un Estado fundamentado en instituciones, pero la democracia aún no se ha consolidado debido a las bases erróneas sobre las que se construyó el proceso político, advierten los expertos.

A la estabilidad tampoco han contribuido los actos de violencia que salpican a diario la vida cotidiana de ciudadanos en distintos puntos del territorio iraquí.     
El analista Ali al Sheij culpa a Estados Unidos de haber creado bases políticas sectarias, lo que ha encumbrado en el poder a responsables inadecuados para dirigir los asuntos de Irak.

Al Sheij critica la rapidez con la que se redactó la Constitución, aprobada en un referéndum de 2005, lo que, a su juicio, ha contribuido a perpetuar la inestabilidad política, ya que muchos artículos del texto son ambiguos y se pueden interpretar de distintas maneras.

También se queja de que los cuerpos de seguridad carecen de profesionalidad, por lo que no pueden desempeñar bien su labor. Esta carencia ha sido aprovechada -afirma el experto- por grupos armados y milicias para lanzar ataques y continuar los atentados. 

La tensión entre el Gobierno de Bagdad y el Ejecutivo autónomo del Kurdistán iraquí también  alcanzó en la última semana su máxima cota desde la aprobación del presupuesto general del país sin tomar en cuenta las peticiones kurdas.

Como consecuencia, los kurdos han decidido boicotear las reuniones del Gobierno de unidad nacional del primer ministro, el chií Nuri al Maliki, como decidió anteriormente la alianza opositora Al Iraqiya, compuesta por suníes y chiíes, por motivos distintos.

Al Iraqiya apoya a los manifestantes de las provincias de mayoría suní, que desde diciembre protestan contra la gestión  de Al Maliki, al que acusan de marginarlos.

Algunos analistas consideran que la crisis política y las manifestaciones son “las más graves” que ha experimentado Irak desde la caída del régimen de Sadam Hussein y auguran que se prolongarán ante la proximidad de elecciones provinciales, previstas para el próximo abril, y parlamentarias después.

Todo esto se ha reflejado en los servicios básicos, las relaciones sociales y la situación económica de los ciudadanos, que han visto cómo diez años después del cambio de régimen sus vidas no han prosperado.

Con una población de 32 millones de habitantes, la tasa  de paro oficial en el país ronda el 18%, pero fuentes extraoficiales hablan de un 30% sin empleo fijo e incluso elevan la cifra a un 48%.

Un miembro del comité económico del Parlamento iraquí, Qusai Yuma, comentó recientemente a los periodistas en Bagdad que “Irak carece de una política económica”.