Madrid / España.-

Cientos de personas protestaron en el centro de Madrid contra la anulación a partir de ayer de la tarjeta sanitaria de los inmigrantes que no cuentan con permiso de residencia en España, una decisión del gobernante Partido Popular a la que calificaron de "apartheid sanitario" y de "xenófoba".

El acto se celebró contra la entrada en vigor de esta medida, que afecta a más de 150.000 inmigrantes irregulares en España, y que está incluida en un decreto de medidas urgentes de ahorro del Gobierno para salvaguardar el futuro de la sanidad pública.

Una treintena de organizaciones y colectivos de la sociedad civil, asociaciones de inmigrantes y refugiados y de defensa de los derechos humanos, agrupadas en la Red por el Derecho a tener Derechos, convocaron esta concentración frente al hospital  Gregorio Marañón.

Los asistentes, muchos de ellos extranjeros que residen en España, corearon proclamas como "ningún ser humano es ilegal" o "Partido Popular, Ku Klux Klan", al tiempo que pidieron la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato.

A la protesta se sumaron políticos de la oposición al Partido Popular, como la secretaria ejecutiva de Cooperación e Inmigración del opositor Partido Socialista, Marisol Pérez, quien demandó al Ejecutivo que "rectifique" y ponga fin a este "apartheid sanitario ineficaz".

Yoro, de 22 años y procedente de Gambia, quiso hablar en nombre de su mejor amigo, que padece cáncer de hígado y que no tiene papeles, ante el temor de que se quede sin tratamiento con la normativa. "Vamos a morir si no nos atienden".

El Ministerio de Sanidad anuló ayer la tarjeta sanitaria de todos los extranjeros que no cotizan a la Seguridad Social en España y de los españoles que nunca trabajaron y con ingresos superiores a 100.000 euros ($ 125.000) al año.

Los extranjeros sin papeles sólo tendrán asistencia  de urgencia por accidente o enfermedad grave y en el embarazo, parto y postparto, a excepción de los menores de 18 años que recibirán los mismos servicios que el resto de los españoles.

Desde Médicos del Mundo, un portavoz, Mario Pérez, exigió  al Ejecutivo la derogación del decreto porque,  vulnera el derecho a la salud y colapsará las urgencias ahora que los inmigrantes irregulares no tienen otro lugar al que acudir, generando "gasto en lugar de ahorro".

Casi 2.000 médicos se declararon contrarios a la medida estatal y afirmaron que seguirán atendiendo a sus pacientes. A ellos se sumaron enfermeras y otro personal sanitario, movilizados por ONG como Médicos del Mundo que lanzó la campaña  "Derecho a curar", en la que llamó a los profesionales del sector a la objeción de conciencia.

No existen datos oficiales sobre las personas que residen en España sin permiso, aunque el cruce del número de extranjeros del Instituto Nacional de Estadística con aquellos que no figuran en los registros del Ministerio español de Empleo, arroja una cifra de ciudadanos "sin papeles" de 459.946 personas.

De estas, unas 153.469 son inmigrantes no comunitarios indocumentados, los más perjudicados por esta medida, al pertenecer a un colectivo vulnerable y con escasos recursos, y el resto son extranjeros en situación irregular de países de la UE.