La presunta ‘desobediencia civil’ de dirigentes catalanes que organizaron una consulta prohibida sobre la independencia centró ayer dos comparecencias judiciales, a la espera de que mañana declare el presidente saliente Artur Mas, que negocia la formación de un nuevo gobierno secesionista.     

“No tengo consciencia de haber desobedecido en ningún momento ninguna sentencia del Tribunal Constitucional, ni conciencia de haber dictado ninguna resolución injusta”, afirmó la exvicepresidenta del gobierno regional, Joana Ortega.

Ortega, Mas -convocado a declarar el jueves- y la responsable de Educación, Irene Rigau, están imputados por “desobediencia civil” y “malversación de fondos” por haber organizado el 9 de noviembre de 2014 una consulta simbólica sobre la independencia de esta rica región de 7,5 millones de habitantes. (I)