Los líderes independentistas catalanes insisten en pactar un referéndum de autodeterminación con el gobierno español, al que ofrecerán este lunes una oferta de diálogo, tras una filtración de que contemplan declarar la secesión si se impide esta votación.

"La única vía que hay sobre la mesa es hacer el referéndum y la prioridad total (...) es pactarlo con el Estado español", señaló en un comunicado la coalición del gobierno catalán Juntos por el Sí, a raíz de informaciones publicadas este lunes en el diario El País.

Este periódico tuvo acceso a un borrador de la llamada ley de transitoriedad jurídica que habilita al ejecutivo catalán para organizar este referéndum -ilegal según la Constitución española- y regula con detalle la secesión de esta región nororiental sin votacion previa.

El texto publicado parcialmente señala que en caso de que el Estado español impida la celebración del referéndum de autodeterminación previsto para septiembre, "esta ley entrará en vigor de manera completa e inmediata".

Una fuente del gobierno catalán señaló a la AFP que se trata de "un borrador muy preliminar de hace muchos meses y no tiene nada que ver con el texto actual", pero no detalló si esta cláusula se mantuvo o no en las versiones posteriores.

Esta información aparece horas antes de que el presidente catalán Carles Puigdemont pronuncie una conferencia en Madrid invitando al gobierno español a negociar este referéndum.

Desde el independentismo señalan que es la última oportunidad para el gobierno español del conservador Mariano Rajoy de pactar las condiciones de esta votación que, en caso contrario, se convocará igualmente alrededor de septiembre.

"Si el Estado impide a los ciudadanos de Cataluña su derecho a votar en un referéndum, no quedará más alternativa que dotarnos de los mecanismos legales que permitan celebrarlo", señala el comunicado de Juntos por el Sí.

La ley de transitoriedad jurídica fue pactada en diciembre por los partidos independentistas, con mayoría absoluta parlamentaria, pero mantenida en secreto para evitar su impugnación judicial antes de su aprobación. (I)