Washington.-

Al menos 42.759 personas estaban registradas como desaparecidas hasta marzo de 2012, en alrededor de 82 países de todo el mundo, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

Ayer se conmemoró el Día Internacional de las Desapariciones Forzosas, motivo por el cual algunas ONG, como Amnistía Internacional (AI), realizaron una petición a los gobiernos para que avancen en las “investigaciones imparciales” de las desapariciones de personas.

Además, emitieron un pliego petitorio donde se exige que se lleve ante la justicia a los responsables de tales desapariciones y que haya un real avance en la ratificación y la implementación de “los compromisos adoptados en la Convención Internacional para la protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas”.   

De acuerdo con los últimos resultados de las estadísticas del Grupo de Trabajo de la ONU, los diez países que presentan un mayor número de casos reportados desde 1980 son Irak, con 16. 548 casos; Sri Lanka, que presenta 12.460; Argentina, con 3.449; Guatemala, con 3.155; Perú registra 3.009, Argelia cuenta con 2.987; El Salvador 2.662 casos; Colombia tiene 1.254; Chile manifiesta 908 y Filipinas tiene 782.    

“En una gran parte, las elevadas cifras se concentran en periodos históricos convulsos específicos. Sin embargo, en casos como Colombia y México, y en menor medida El Salvador, Marruecos o Pakistán, el número de casos anuales se ha mantenido a lo largo de los más de 30 años estudiados, lo que muestra la actualidad de la práctica de la desaparición forzada”, dice el informe de la ONU.

La ONU ha manifestado que las familias de las personas desaparecidas en conflictos u otras situaciones violentas, tanto en la actualidad como en el pasado, “deberían disfrutar del derecho a la verdad, la justicia y la reparación”.

Amnistía Internacional, además, recordó que el pasado 6 de julio de 2012, Argentina realizó un gran avance en contra de la impunidad pues las sentencias de prisión contra los ex presidentes de facto, Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, acusados de llevar a cabo un plan sistemático de apropiación de niños en Argentina, son un paso histórico hacia la justicia de dicho país.

Por su parte, la presidenta de Brasil, Dilma Roussef, ha ratificado una ley que pugna por la creación de una Comisión de la Verdad, la misma que investigará las violaciones de los derechos humanos cometidas entre 1946 y 1988.

Chile realizará exhumaciones

Mientras que en Chile, las investigaciones por casos de violaciones de los derechos humanos investigadas por los tribunales mostraron un ascenso, llegando a registrar su máximo nivel después de que el fiscal dio curso a 726 nuevos casos criminales y más de mil denuncias contra desapariciones y asesinatos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

En este contexto, el Servicio Médico Legal (SML) de Chile anunció ayer que exhumará a familiares de víctimas de la dictadura de Pinochet (1973-1990) para identificar correctamente los restos de estas últimas y no repetir los casos de identificaciones erróneas, según fuentes oficiales. “Necesitamos, en algunos casos, exhumar restos óseos de padre o madre de víctimas de la dictadura, de tal forma de lograr identificaciones certeras”, explicó ayer el director del SML, Patricio Bustos.

Para el caso de México, las cifras no se muestran nada alentadoras ya que el organismo señaló que en los últimos años, los informes sobre casos de desaparición forzada, en los que están implicados funcionarios públicos, aumentaron considerablemente.

De acuerdo con cifras de la ONU, en México existen registros y denuncias de 3.000 personas desaparecidas, sobre todo inmigrantes, quienes en su mayoría han sido víctimas de la inseguridad pública y de la violencia provocada por la lucha entre los carteles de la droga.