Madrid.-

En medio de protestas, el Gobierno español arremetió de nuevo ayer con recortes, pero esta vez en salud. Este consiste en que  los españoles, incluidos los pensionistas, pagarán los medicamentos en función de su nivel de renta, aunque quedan exentos los desempleados sin ayuda económica.

El llamado “copago farmacéutico”, que se comenzará a aplicar en el plazo de dos meses, fue una de las medidas acordadas ayer por el Consejo Interterritorial de Salud con las que el Gobierno pretende ahorrar 7.000 millones de euros. Estas medidas serán aprobadas mañana en el Consejo de Ministros.

La ministra española de Sanidad, Ana Mato, explicó que los jubilados con pensiones contributivas pagarán un 10% de los medicamentos, con un máximo de 8 euros mensuales (casi 11 dólares) para las rentas por debajo de 18.000 euros al año (23.600 dólares) y de 18 euros (unos 24 dólares) para las que superen la cantidad.

Los ciudadanos activos con una renta inferior a 18.000 euros y las familias numerosas seguirán pagando un 40% del medicamento, como hasta ahora, mientras que los que tengan un sueldo superior a esa cantidad abonarán el 50% de los fármacos, un porcentaje que se eleva al 60% para aquellos con rentas superiores a los 100.000 euros anuales. Mato aclaró que el abono de los fármacos en función de la renta no tiene un afán recaudatorio sino “disuasorio”.

Los ocho euros al mes que pagarán los pensionistas supondrían menos de 20 céntimos diarios en caso de que vayan todos los días a la farmacia, argumentó la ministra, quien pidió disculpas a este colectivo y destacó que gracias a esta medida no habrá copago sanitario, es decir, el pago por la asistencia sanitaria.

La reunión entre el Gobierno y los representantes de Sanidad de las Comunidades Autónomas (regiones) se celebró rodeada de protestas en las puertas del Ministerio y suscitó reacciones contrarias en los partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales.

En esta reunión se decidió también poner coto a los abusos que comenten los extranjeros que reciben atención sanitaria en España, para lograr que no se pierdan anualmente 1.000 millones de euros por tratamientos que reciben en este país y que luego no se pueden facturar. Con este fin se corrigió una directiva europea incompleta, donde faltaba un párrafo en el que se prohibía de forma explícita desplazarse a España solo en busca de atención sanitaria. “Hay europeos que tienen más derechos sanitarios que muchos españoles”, aseveró.

Desde la oposición, el secretario general del Partido Socialista (PSOE), Alfredo Pérez Rubalcaba, consideró la medida sobre el pago de los fármacos la peor fórmula posible para ahorrar en materia de sanidad. “Hay medidas diferentes a las que plantea el Gobierno para ahorrar en gasto sanitario, y si el PSOE tiene que elegir entre que los pensionistas paguen o que las empresas farmacéuticas tengan menos beneficios, nos quedamos con lo segundo”, subrayó.

En los mismos términos se manifestó la consejera de Salud de Andalucía (región del sur de España gobernada por el PSOE), María Jesús Montero, quien alertó  que muchas de estas medidas son la “antesala” para, posteriormente, provocar el “desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud”.

Algunos de los grupos contrarios al “copago” se concentraron frente al Ministerio de Sanidad desde primera hora de la mañana, entre ellos la Plataforma Social en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos, que agrupa a cuarenta organizaciones sociales y sindicales.

Sus integrantes entregaron una carta a Mato en la que denuncian que “un segundo copago o repago (al considerar que los fármacos son ya cubiertos por el pago de impuestos)” en las prestaciones farmacéuticas, más allá de su poca efectividad recaudatoria, va a disuadir de la adquisición de medicamentos a los sectores con menos recursos y a los pacientes crónicos. En representación de la tercera edad, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores calificó de “socialmente” injusta  la medida.