No todos los políticos en España son como la exmagistrada Manuela Carmena, que al día siguiente de perder por un escaño la alcaldía de Madrid se reunió con jueces y fiscales para hablar sobre la paralización de los desahucios. Su rival, la conservadora Esperanza Aguirre, prefirió convocar a la prensa para pedir los imprescindibles votos de los socialistas y formar un gobierno de concentración “para frenar a Podemos”. Poco faltó para que Antonio Miguel Carmona, candidato del PSOE que peores resultados ha obtenido en la historia de la capital de España, aceptara el desafío aunque sus nueve concejales declinaron rápido la generosa oferta. “Antes de que acabara la frase le dije que no”, señaló el candidato socialista. (http://www.eldiario.es/politica/PSOE-Madrid-Aguirre-Manuela-Carmena_0_391961119.html).

Pese a todo, este último escándalo causado por Esperanza Aguirre ha sido mayúsculo y demuestra que perder la alcaldía de la capital de España ha sido el mayor golpe sufrido por el PP desde 2004, cuando José Luis Rodríguez Zapatero ganó contra pronóstico las elecciones generales. Madrid es la pieza central del tablero porque superpone el poder del Estado y el de las grandes empresas. La derecha, al menos, salvará por los pelos el gobierno autonómico gracias al apoyo que presumiblemente le dará Ciudadanos, la otra fuerza emergente española a la que muchos acusan de ser la marca blanca del partido de Mariano Rajoy y que no ha sido tan decisiva como algunos predecían. “Sin el gobierno regional de Madrid la debacle habría sido total y muchos en el PP hablarían de la necesidad de una refundación”, afirma Alberto Santa Coloma, analista en una empresa de estudios estadísticos de Madrid.  

Es lo que tiene España, país extremado y víctima de una historia cruel, con los desafectos ideológicos que despiertan su memoria iracunda. Enfrentamientos históricos entre la izquierda y la derecha, entre los nacionalismos periféricos que enarbolan sus propias identidades, como el catalán y el vasco, y un centralismo usurpador que niega su condición. Discursos que dominan la política española como parte de un confuso ajuar desde el fin de la dictadura. El “Podemos es ETA” fue uno de los mantras que utilizó la derecha para desacreditar a la formación de Pablo Iglesias pero que tras el resultado electoral parece un recurso agotado. El grupo terrorista ETA no mata desde 2010 y anunció su voluntad expresa de silenciar las pistolas para siempre. “Hay más ejemplos y en ambas direcciones como aquel que se difundió en Cataluña sobre que España les roba, con el que se intentó justificar la campaña por el referéndum independentista”, añade Santa Coloma.

El último veredicto de las urnas retrata la gasolina social que empieza a convulsionar y que amenaza las estructuras de un modelo agotado. Una causa de esta “primavera española”, además del hartazgo ciudadano con un poder político corrupto hasta las cejas, se encuentra en el desastre del liberalismo económico extremo aplicado en un país con fuertes contrastes territoriales entre el norte y el sur, “un liberalismo fundamentalista que ha favorecido los intereses comerciales de los poderosos a costa de los derechos del resto”, como lo describió el economista Joseph Stiglitz. La izquierda ha ganado las tres principales ciudades del país -Madrid, Barcelona y Valencia- en manos de la derecha hace dos décadas y, paradójicamente, el nacionalismo periférico ha perdido poder. En Cataluña y Euskadi han irrumpido con fuerza candidaturas ciudadanas que rompen esa dicotomía entre independentismo y centralismo, entre Cataluña-Euskadi y Madrid, que ha presidido el juego político desde la muerte del dictador Franco. “No podemos ser un país unitario, porque en realidad no lo hemos sido nunca”, clamaba en una entrevista José Enrique Ruiz-Domènec, uno de los reputados historiadores internacionales sobre Europa que hay en España. No le falta razón. Con 17 asambleas autonómicas que legislan y organizan asuntos prioritarios de la vida pública como la educación y la sanidad, el poder central vive en una especie de esquizofrenia normativa desde la aprobación de la Constitución en 1978 que se resiste a aceptarse como un Estado federal.

Aurelio Arteta, catedrático de Filosofía Política y Moral en la Universidad del País Vasco, reconocía la urgencia de emprender una reforma constitucional destinada, en primer lugar, a esclarecer “la relación entre el Estado y sus comunidades autónomas para que no se fomente la desigualdad de derechos entre los territorios o sea, entre los ciudadanos”. En realidad, los españoles nunca han tenido claro cuáles son los poderes reservados al Gobierno central y cuáles a las autonomías y a los municipios, cómo se financian los ayuntamientos y qué impuestos pueden imponer para desarrollarse. Tampoco disciernen entre las cargas que imponen el Estado y las que dependen de las comunidades autónomas. Y pese a tantos matices, el sábado 13 se formalizarán 8.122 ayuntamientos en España -los parlamentos autonómicos tardarán algunas semanas más-, la mayoría de ellos gracias a pactos entre partidos deseosos de apartar de la escena a un PP al borde del naufragio.

No solo es el caso de Madrid, Barcelona y Valencia. Están también Pamplona, Cádiz, Santiago de Compostela, La Coruña, Valladolid y una lista interminable de municipios que avanzan a un cambio de modelo que está cerca. Todas las miradas están puestas en noviembre, cuando se celebrarán las elecciones generales. (I)