España se encamina hacia un cambio radical en el mundo laboral si, como espera el gobierno del Partido Popular (PP), logra unir a todas las fuerzas parlamentarias en un gran pacto nacional.

La propuesta presentada el lunes ante el Congreso por la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, pretende poner orden a los horarios laborales de casi 19 millones de ciudadanos para facilitar la conciliación con su vida privada, un reclamo que en España se remonta a la noche de los tiempos por su peculiar -y cada vez más denostado- formato de jornada fraccionada con una pausa para el almuerzo de dos horas. Y es que el horario laboral de los trabajadores españoles es el más extenso de Europa: comienza a la 09:30 y concluye a las 20:00.

Tras estudiar los informes solicitados, el Ejecutivo pretende conseguir esta legislatura que la jornada laboral en España termine a las 18:00. En otros Estados, principalmente en el norte del continente, como Alemania, no existe el descanso para el almuerzo, y en algunos, como Suecia, las 16:00 horas es el límite para permanecer en una oficina.

En Portugal e Italia, con costumbres similares a las españolas, el horario de salida se sitúa entre las 17:00 y las 18:00. De hecho, todos los estudios realizados sobre la viabilidad de una mejora en la cadena de trabajo establece que en España existe un retraso medio de dos horas, las del almuerzo, respecto a otros países de la Unión Europea (UE), lo que resta productividad.

Para ello, la ministra reveló que será obligatorio incrementar los turnos de trabajo sin que ello suponga incrementar la precariedad laboral que en España es altísima. Con ello, el Gobierno español pretende imprimir una mayor intensidad productiva a las horas empleadas, con cambios en los hábitos y en los sistemas de organización, de forma que el tiempo de estancia en el puesto de trabajo sea efectivo.

La ministra defendió que se trata “de un plan valiente y no de una utopía”. “Aunque somos conscientes de que no será fácil porque necesitamos impulsar un pacto con empresas y trabajadores”. Esta petición, para un acuerdo, tiene especial trascendencia en un país como España donde las relaciones laborales se rigen por una norma que recoge el cómputo de la jornada trabajada en términos anuales y deja su distribución al ámbito de la negociación entre empresarios y sindicatos. No obstante, las grandes firmas españolas, como la energética Iberdola o la financiera BBVA, ya aplican entre sus empleados la misma fórmula que ahora pretende imponer el gobierno de Mariano Rajoy con carácter general.

Además, el Gobierno podría anunciar en los próximos meses el regreso del país al huso horario anterior a la dictadura franquista, que en 1939 decidió adaptar la ubicación española a la de la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini renunciando a la demarcación fijada por el meridiano de Greenwich que equivale a la que rige en países como Reino Unido y Portugal, es decir, una hora menos que la que España tiene en la actualidad.

Esta no fue la última modificación que el Ejecutivo conservador pretende introducir en el mundo del trabajo durante los próximos cuatro años de legislatura. En su agenda se encuentra la creación de un fondo de capitalización para los trabajadores, mantenido a lo largo de su vida laboral, que se haga efectivo en los supuestos casos de despido, movilización geográfica o en el momento de la jubilación.

Es decir, una caja para garantizar las pensiones similar a la que existe en Austria y que se alimenta de un porcentaje obtenido sobre el salario bruto del trabajador. Para evitar la entrada en pánico del resto de partidos políticos que culpan al PP de haber vaciado el fondo público de pensiones durante la anterior legislatura, Fátima Báñez aseguró que “las pensiones en España están garantizadas y se pagarán hoy y en el futuro con toda normalidad”. La respuesta de algunos diputados fue clarificadora: “Eso esperamos”. (I)