La Fiscalía de Colombia giró orden de captura contra 22 oficiales y suboficiales del Ejército, activos y retirados, y contra dos civiles por su presunta participación en la ejecución extrajudicial de 18 campesinos en los departamentos de Antioquia y Cesar, informó este miércoles la institución.

En un primer caso "ocho militares: dos teniente coronel, uno de ellos retirado; un capitán, un sargento segundo; tres soldados profesionales, uno de ellos retirado, y un mayor, fueron llamados a juicio como presuntos coautores del delito de homicidio en persona protegida y desaparición forzada", dijo la Fiscalía en un comunicado.

El hecho ocurrió en un paraje rural del municipio de Nariño, el 29 de septiembre de 2004, donde los militares reportaron dos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas) muertos.

Sin embargo, las personas que fueron declaradas como rebeldes dados de baja en combate fueron reportadas como desaparecidas "por parte de sus familiares en el municipio de La Ceja (Antioquia), e identificadas posteriormente como Julio César Molina Ríos y Diego León Montoya López".

La Fiscalía indicó que en un segundo caso se investiga la muerte de 16 campesinos posiblemente presentados como muertos en combate en hechos "ocurridos en 2007 en jurisdicción del Batallón Especial Energético y Vial José María Cancino, del Ejército Nacional, con sede en La Jagua de Ibirico (Cesar)".

En este caso el organismo "ordenó la captura con fines de indagatoria de 14 militares: un coronel en retiro, un teniente coronel, cinco mayores, dos de ellos retirados; un capitán, un teniente retirado, un subteniente, un sargento viceprimero, dos sargentos segundo y un cabo, cinco de ellos detenidos por otros procesos y dos particulares, quienes fungieron como reclutadores de las posibles víctimas".

Por este proceso, que se inició gracias a la denuncia de varios militares que testificaron sobre la forma como fueron elegidas las víctimas y como posteriormente fueron presentadas, los implicados serán enjuiciados "por concierto para delinquir agravado para cometer delitos de homicidio", puntualizó el comunicado.

Centenares de militares han sido condenados en Colombia por casos de ejecuciones extrajudiciales que cometían para obtener prebendas, ascensos y reconocimientos dentro del cuerpo, mientras que 22 generales están siendo investigados por delitos similares.

Human Rights Watch (HRW), una ONG con sede en Washington, ha reiterado en varias ocasiones que más de 4.000 civiles han fallecido en este tipo de casos.

El conflicto armado colombiano, en el que durante más de cinco décadas han participado guerrillas, paramilitares y agentes del Estado, ha dejado oficialmente al menos 220.000 muertos y seis millones de desplazados. (I)