La embajada de Ecuador en España expresó su profunda preocupación por los recortes anunciados por el Gobierno español en materia de sanidad pública, que afectarán a los migrantes más vulnerables y, entre ellos, a los ecuatorianos, la mayor colectividad latinoamericana en el país.

En un comunicado, la sede diplomática recuerda la decisión del Ministerio español de Sanidad de que, a partir de ahora, para que un extranjero  obtenga la tarjeta sanitaria no bastará con estar empadronado, sino que se exigirá también su residencia fiscal. “Ello implica que las personas que se encuentren en situación irregular solo podrán acceder a las urgencias, la maternidad y los cuidados de los niños, que es la asistencia básica asegurada a cualquier persona en este país”, añade la nota diplomática.

El Gobierno español calcula que ahorrará 7.267 millones de euros por los recortes en sanidad, de los que 500 derivarán del “copago farmacéutico” en función del nivel de renta. Según la delegación ecuatoriana, la cifra de ciudadanos “sin papeles” que podrían verse afectados por estos cambios ascendería a 459.946, a falta de depurar posibles duplicidades.

Ante esta decisión, que supone un giro a la política aplicada desde el 2000, cuando se aprobó la Ley de Extranjería, la embajadora ecuatoriana, Aminta Buenaño, remitió una carta a la Secretaría española de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica.

En dicha misiva, la funcionaria asegura que comprende el difícil momento que España atraviesa y, justamente por ello, expresa su profunda preocupación por la anunciada reforma a la Ley de Extranjería. “Nos inquieta que este tipo de medidas afecte a un grupo vulnerable de nuestra comunidad que ha caído, contra su voluntad, en irregularidad sobrevenida”. La embajadora recuerda que todos esos migrantes han aportado no solo con su trabajo al desarrollo de España, sino también con aportaciones a la seguridad social.