Hace poco más de un año un joven ingeniero, de 35 de años, casi desconocido se adueñó de los titulares de los principales medios de comunicación del mundo al asumir como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN).

Su nombramiento, el 5 de enero de 2019, fue sonado porque la AN era entonces el único poder público que no controlaba el gobierno de Nicolás Maduro.

Este político, nacido en el costero Estado de Vargas y formado en el seno del partido Voluntad Popular (VP) apuntó sus aspiraciones a lo más alto del poder en su país. Así, el 23 de enero de 2019 se autoproclamó presidente interino de Venezuela y declaró la lucha en contra de lo que llamó “la usurpación de la Presidencia” por parte de Maduro.

Respaldado por sectores de la oposición venezolana y reconocido por al menos 50 gobiernos, inició una campaña para levantar al pueblo contra Maduro.

Las movilizaciones alentaban un posible final del régimen oficialista, una herencia que dejó el fallecido Hugo Chávez. Pero al poco tiempo era claro que Guaidó no logró persuadir a las Fuerzas Armadas para alzarse en contra del mandatario, que el 10 de enero de 2019 juró para un segundo mandato que culmina en 2025.

Maduro aún ostenta el máximo cargo político de Venezuela, con una tensión política y social que aumenta a medida que se acercan los comicios legislativos de diciembre de 2020.

El levantamiento fallido desgastó el liderazgo de Guaidó y causó en la oposición una fractura mayor a la que sufrió en 2017. Esta se produjo cuando cuatro miembros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asumieron sus cargos como gobernadores ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), del régimen actual.

Ahora la batalla por el control de la presidencia de la AN nuevamente divide las filas opositoras y languidece el “Efecto Guaidó” en su lucha contra Maduro.

Esta última pugna ocurrió el 5 de enero, cuando Luis Parra fue elegido como presidente de la AN con los votos de la oposición y del oficialismo, mientras que Guaidó era reelegido en una sesión paralela en Diario El Nacional, tras no poder acceder a la sede legislativa.

No es la primera vez que se da esta situación en Venezuela: la bifurcación institucional comenzó en 2015, cuando Maduro perdió el control de la AN y un año después estableció la ANC para reformar la Constitución. Desde 2017 también existe el Tribunal Supremo de Justicia “en  exilio”, mientras que el oficial no es reconocido por la oposición.

Lo sucedido también coincide con un momento de debilidad en la oposición. Dos sucesos generaron divisiones internas a finales de 2019: la destitución como embajador en Colombia de Humberto Calderón Berti y la investigación que publicó el portal Armando.info, en la que se señalaban a diputados opositores por hacer gestiones para dar indulgencias a empresarios vinculados con el gobierno.

El diputado Miguel Pizarro, enviado de Guaidó ante la ONU, admitió que la oposición no logró el “cambio político” que deseaba y admitió que, en los últimos meses de 2019, la oposición generó “ruido” al discutir en público diferencias que deberían resolverse en privado.

El representante de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, que respalda a Guaidó, admitió que “las cosas no han ido bien” especialmente por la respuesta de los militares. Consideró que cometieron el error de “subestimar el respaldo ruso y cubano” al Presidente.

Guaidó prometió expiar sus errores para avanzar en su propósito de “liberar” a Venezuela de Maduro. (I)